Por cuenta propia

El Gobierno precisa más claridad y consenso para que los autónomos coticen en función de sus ingresos reales

El establecimiento de un sistema de cotizaciones a la Seguridad Social para los trabajadores autónomos que se atenga a sus ingresos reales es una necesidad que comparten en términos generales sus organizaciones representativas y que asumen progresivamente los concernidos por la anunciada reforma. Sin embargo, hay dos incógnitas que generan reservas y desconcierto. Por una parte, y en lo inmediato, los titubeos con que el Gobierno Sánchez no acaba de fijar la fecha de aplicación del cambio. Por la otra, como principal factor de resistencia, las dudas que suscita la viabilidad del propio sistema de pensiones. Claro que no se trata de que el ejecutivo aventure una fecha, para con ello dar muestras de mayor solvencia, cuando está aun en discusión el sentido preciso del cambio. Del mismo modo que es prácticamente imposible persuadir a los cotizantes sobre la entereza del sistema actual a base de declaraciones, si mientras tanto la hucha de las pensiones desaparece, y se insiste en complementar los ingresos de la Seguridad Social vía impuestos. También por eso es imprescindible que el Gobierno clarifique cuanto antes su propuesta; entre otras razones porque solo así podría gestarse el consenso preciso para asegurar la continuidad del cambio bosquejado. Los trabajadores autónomos conforman una realidad muy diversa en cuanto a su estabilidad profesional, los ingresos que perciben y las expectativas que albergan. Dejar atrás un modelo ante el que los autónomos tienden a cotizar por debajo de lo que lo hacen los trabajadores en nómina requiere mucho más que una anuencia política y social plena de escepticismo; requiere un consenso verdaderamente activo. Se trata de aproximar, por justicia, el cuadro de cotizaciones de los autónomos a la situación de los trabajadores por cuenta ajena. De hacerlo de tal manera que aquellos se sientan tan confiados como estos en cuanto a los beneficios últimos de la nueva opción. Conseguir por esa vía un incremento de la recaudación que justifique la reforma. E idear un modelo eficiente a través de tramos que faciliten su aplicación. No es la cuadratura del círculo, pero podría parecérsele. Sería ilusorio proyectar un modelo tan plausible que se generalice y rinda desde el primer momento. Pero 2019 parece prematuro, a no ser que en dos meses se produzca una abrumadora reacción a su favor. Es más sensato que el Gobierno piense en que no podrá rentabilizar los resultados tangibles de la reforma propuesta en esta mitad de mandato de Sánchez, y se disponga a hacerla efectiva en 2020.

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