Sin consultar

El último Consejo de Ministros aprobó que todos los que participen en programas de formación, prácticas no laborales en empresas o prácticas académicas externas deberán cotizar dentro del Régimen General de la Seguridad Social como asimilados a trabajadores por cuenta ajena. Tan urgente le parecía al Gobierno la medida «para poner fin a su situación de desprotección» que la aprobó por decreto sin consultar con las universidades, que ya han dado la voz de alarma. «Puede suponer una disminución del número de prácticas ofertadas a los estudiantes por las empresas e instituciones y un quebranto económico y de gestión para las universidades», asegura el Consejo de Rectores, que reclama negociar cómo se va a aplicar el decreto para que las prácticas curriculares -que forman parte de los planes de estudios universitarios como una asignatura más- estén bonificadas al 100%. El Gobierno se ha precipitado y ha generado un conflicto innecesario por no hablar antes con los afectados. Aún está a tiempo de hacerlo.