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La consternación y la preocupación de los padres de alumnos de Jesuitas por el caso del profesor acusado de haber cometido abusos sexuales en Gijón resulta comprensible, incluso respetando la presunción de inocencia que asiste al sacerdote denunciado. Los casos de pederastia dentro de la Iglesia Católica han levantado un justificado estupor en toda la sociedad; un estupor agravado por los intentos de ocultación de la jerarquía. Ante un caso de presuntos abusos, la institución afectada debe actuar con celeridad y transparencia. Tras la denuncia presentada en Gijón contra Jorge Enríquez, el pasado 11 de enero, la orden se movió con la oportuna diligencia al decretar su inmediato alejamiento de Logroño, aunque no informó entonces del suceso, según indican los Jesuitas, por el deseo de la víctima de mantener «un absoluto anonimato». Sin embargo, ante la proliferación de rumores y filtraciones, han decidido ahora ofrecer todos los detalles del caso, tanto a los padres como a los alumnos. Con las debidas salvaguardas en atención a la víctima, la transparencia debió acompañar a la celeridad desde el primer momento porque Enríquez era, además, el párroco y superior de la orden.

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