Un año al borde del abismo

El independentismo catalán, aunque fracturado, insiste en la vía de la ruptura al margen de la ley que ya fracasó el 1-O

Un año después del ilegal referéndum en el que planteó la creación de una república independiente, el soberanismo catalán no solo mantiene su pulso al Estado. Además, permanece atrincherado en su negativa a reconocer la pluralidad como seña de identidad y base de prosperidad de su tierra, y amenaza con protagonizar una nueva eclosión rupturista en un momento aún por determinar. Nada de lo ocurrido desde aquel 1 de octubre le ha hecho desistir de sus propósitos. Su respuesta de fondo ha sido similar con la ofensiva judicial y la aplicación del 155 promovidas durante el mandato de Mariano Rajoy y con la pretendida distensión fomentada por Pedro Sánchez: la huida hacia adelante. Es cierto que tras el encarcelamiento o la fuga de los líderes del 'procés' ha evitado burlar de nuevo la legalidad y acotado su desafío secesionista a bravatas dialécticas en forma de promesas de futuro. Pero sigue aferrado a su propósito de romper amarras con España, aunque con una ya indisimulable fractura interna sobre los ritmos y las vías para alcanzar ese objetivo que es compartido por una mitad escasa de los catalanes. El 1-O ha quedado impreso en su imaginario como la máxima expresión de un pulso entre la calle y el Estado, con un tono épico reforzado por la desproporcionada actuación policial en aquella jornada. El independentismo reactivó así la espiral de la confrontación, que interiorizaría en una escalada de despropósitos en la fatídica noche del 26 al 27 de octubre que condujo a la declaración unilateral, la puesta en marcha del 155 en una versión atenuada y la implacable actuación de la Justicia. El secesionismo ha moldeado a su antojo estos hechos en un relato victimista para cuestionar las bases del sistema democrático español y ensanchar así sus apoyos. La instauración 'legitimista' de un poder en el exilio ha convertido al prófugo Carles Puigdemont en su razón última. La designación de su valido Quim Torra al frente de la Generalitat es una señal inequívoca de que el soberanismo no está dispuesto a moderarse. El restablecimiento de cauces ordinarios de diálogo con el Gobierno de Sánchez ha rebajado la tensión, pero está lejos de encauzar el problema. El discurso irredentista de Torra, el sometimiento del rey Felipe VI a una suerte de excepcionalidad por parte del Govern, la ocupación del espacio público en solidaridad con los políticos presos y la clausura efectiva del Parlamento autonómico advierten del dominio que ejerce el rupturismo en la Cataluña oficial. Ante el próximo juicio en el Supremo, el independentismo ha enviado mensajes al Gobierno pidiendo que interceda ante la Fiscalía con el fin de que rebaje los cargos que pesan sobre los cabecillas del 'procés' a cambio de colaborar en la estabilidad política. Pero tampoco sería aventurado suponer que influyentes secesionistas esperan una sentencia condenatoria como señal de salida para arrancar definitivamente las instituciones de la Generalitat de su raíz constitucional. El nacionalismo no ha hecho ningún esfuerzo para contradecir los dos argumentos -el riesgo de fuga y la reiteración delictiva- en los que se basa la prisión provisional de los procesados ni para convencer con argumentos jurídicos al Ministerio Público de que cambie de postura. Los reiterados guiños con los que el Ejecutivo ha intentado atraerle hacia la legalidad han sido despreciados de forma poco responsable. Debería saber que difícilmente encontrará en la Moncloa un presidente más sensible a ampliar al máximo el ya generoso autogobierno de Cataluña dentro de los límites de la ley. La inteligencia política aconseja explorar esa vía. Como ya ha quedado de manifiesto, la de la ruptura unilateral solo conduce al abismo. Aún está a tiempo de acertar.

 

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