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Un elevado número de bodegas de Rioja ha reabierto la batalla contra la obligatoriedad del pago de cuotas a la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), que la Federación Española del Vino y las Cooperativas Agrarias, junto con Asaja, COAG y UPA, constituyeron en 2014 con la promoción del consumo de vino en su frontispicio fundacional. En ese grupo que ha presentado alegaciones al proceso que permitirá a la OIVE recaudar las cuotas por venta de vino (2.300 euros por millón de litros de vino embotellado) se encuentran desde el mayor elaborador nacional, García Carrión, hasta grandes clásicas de la DOC como CVNE, Muga o Rioja Alta o las 150 pequeñas y medianas asociadas en Bodegas Familiares. Y todas con argumentos similares en su oposición: por un lado, entienden que están supeditadas a la interprofesional que existe en la DOC Rioja y a sus decisiones, lo que podría chocar con su obligada pertenencia a la OIVE y con su subordinación a las resoluciones de ésta en donde su voz queda diluida. Por otro lado, consideran que los intereses de promoción de la OIVE podrían no coincidir con los objetivos que corresponden a los vinos de calidad de Rioja y que, por tanto, carece de sentido que tengan que soportar sus costes. Razones para una polémica que no es nueva y a la que el Ministerio debe dar una respuesta concluyente.

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