Bajo marcaje

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, justificó ayer la disolución del Parlamento autonómico y la convocatoria de elecciones para el 2 de diciembre con el argumento de que no podía garantizar la aprobación de los Presupuestos para el próximo año. Una explicación forzada, puesto que la gobernación de Andalucía no estaba sujeta a situaciones de inestabilidad superiores a las que afectan a la mayoría de las instituciones del país, incluso después de que en septiembre Ciudadanos le retirara su apoyo. De hecho, las incertidumbres a las que se enfrentaba el Ejecutivo de Susana Díaz no son distintas a las que afronta Pedro Sánchez en el Congreso y el Senado. Aunque la decisión formalizada ayer responda más a intereses partidarios que a necesidades de gobernabilidad, adelantar en cuatro meses la cita con las urnas prevista para marzo de 2019 era una potestad de la presidenta. No obstante, habría sido más lógico que ésta se hubiese limitado a explicarla como un ajuste del calendario institucional. Los andaluces constituyen una comunidad política que tiene derecho a pronunciarse en las urnas sin que su votación autonómica se solape con otras elecciones de ámbito nacional. La iniciativa de Susana Díaz era tan previsible que se ha convertido en lugar común suponer que el escrutinio andaluz será un banco de pruebas para la posterior confrontación general entre las cuatro grandes formaciones españolas -PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos-. Pero, paradójicamente, la liza política nacional condicionará la campaña andaluza hasta advertir a los electores de que no estarán decidiéndose únicamente sobre las autonómicas, sino que deberán pensar en clave nacional. De modo que el afán de Díaz por separar los comicios andaluces de la refriega general no podrá hacerse efectivo, puesto que todos los partidos estarán obligados a echar el resto en Andalucía antes de que comience la campaña de las europeas, autonómicas y locales de mayo de 2019, y ante la perspectiva de que Pedro Sánchez convoque elecciones generales. Susana Díaz anunció ayer que si obtiene el favor parlamentario tras el 2-D procederá inmediatamente a tramitar unos Presupuestos expansivos. Pero se da la circunstancia de que, tras eludir unas autonómicas en marzo del 2019 porque se situarían a dos meses de las de mayo, en caso de triunfo electoral Díaz deberá labrarse una mayoría parlamentaria suficiente cuando los partidos afectados se encuentren en plena disputa preelectoral y, por tanto, sean reacios a formalizar acuerdos de legislatura con el PSOE andaluz.