Bajas docentes: cautivos y desarmados

Es difícil encontrar una Consejería o un organismo público que trate peor a sus trabajadores y trabajadoras que la Consejería de Educación de La Rioja

La noticia del aumento de las horas perdidas por bajas docentes aparecida en este diario nos ha sorprendido en el STE-Rioja pero no por inesperada sino sobre todo por las circunstancias que la rodean y por los términos en que se desarrolla.

Palabras como 'epidemia', 'bajas desbocadas' o 'absentismo' para referirse a las bajas de los docentes podrían hacernos pensar que la enseñanza pública o el sistema educativo mismo de La Rioja están al borde del colapso absoluto porque una buena parte de sus docentes están en situación de incapacidad temporal. Nada más lejos de la realidad. La escuela pública funciona en La Rioja razonablemente bien y es así, sobre todo, por la profesionalidad de sus docentes.

Las bajas son las que son. Ni más ni menos. Nadie coge una baja por capricho y a nadie le dan la baja sin motivo. Enfermar no está prohibido aunque es verdad que a día de hoy sigue estando penalizado en La Rioja. Mientras no se reforme el decreto que regula los complementos retributivos en situaciones de incapacidad temporal en La Rioja, a los funcionarios nos siguen descontando los primeros veinte días de baja.

Además, que las horas perdidas por bajas hayan aumentado el triple no significa necesariamente que haya aumentado el triple el número de bajas o el número de profesores que están de baja. Puede ocurrir simplemente que las bajas se han alargado en el tiempo porque la enfermedad es más grave. Una baja por gripe puede durar una semana pero una baja por una enfermedad crónica puede alargarse dos o tres años.

A nadie se le escapa que las bajas de los docentes tienen muchas causas. Algunas dependen de la propia condición física y de salud de cada persona. Pero hay también algunos factores que contribuyen de manera decisiva a que entre los docentes haya un mayor riesgo de enfermar.

En primer lugar, junto a las condiciones físicas personales hay también un riesgo asociado a la edad. A veces se ha puesto de manifiesto el progresivo envejecimiento de los profesionales de la docencia. Y está claro que a más edad, más posibilidades de enfermar.

A ello se une el empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado en los últimos años motivado por los recortes constantes a que ha sido sometida la enseñanza pública. El aumento de las horas lectivas, de las ratios profesor-alumnos, los currículos desbordados, el aumento de la carga de trabajo burocrático en los centros y la disminución de los presupuestos educativos tienen también una relación clara con cuestiones de salud laboral y una incidencia directa en un posible aumento de las bajas.

Además, también ha ido en aumento la presión social que se ejerce sobre los docentes por parte de todos los sectores de la comunidad educativa. Es raro el docente que a lo largo de su carrera profesional no ha sido alguna vez presionado por la propia Administración educativa, por padres, alumnos o incluso en ocasiones también por algún compañero del claustro. En ocasiones estas presiones terminan somatizándose y mermando la salud de los propios docentes. Y a pesar de esos factores y de ese aumento que se señala de horas perdidas por bajas, hay también muchos profesores y profesoras en la enseñanza pública de La Rioja que, teniendo algún problema de salud, no acuden al médico para no perder horas de clase o para no perjudicar a sus compañeros.

Por otra parte, es evidente que hay una responsabilidad de la propia Administración educativa en la prevención de los riesgos profesionales y de la salud laboral de sus empleados públicos. La prevención de los riesgos laborales de los trabajadores es obligación del empleador. Y en esta cuestión queda mucho trabajo por hacer por parte de la propia Administración. Es necesario un mayor reconocimiento de las enfermedades profesionales propias de los docentes: afonía, enfermedades musculoesqueléticas, gripe, accidentes in itinere o en el propio centro, etc., así como también el reconocimiento de puestos de difícil desempeño.

Y por supuesto, esa responsabilidad de la Administración se extiende también al estudio de las causas de las bajas médicas. En lugar del «vamos a investigar por qué hay tantas bajas», la propia Consejería de Educación debería haber hecho el trabajo previamente. Y más si tenemos en cuenta que, en las últimas reuniones del comité de seguridad y salud laboral, nadie desde la Administración pública ni desde el servicio de prevención de riesgos laborales ha expresado ninguna alarma por un aumento excesivo de las bajas de los funcionarios docentes.

Frente a noticias como ésta, los docentes quedamos cautivos y desarmados. Y quien nos desarma es quien debería protegernos. Es difícil encontrar una Consejería o un organismo público que trate peor a sus trabajadores y trabajadoras que la Consejería de Educación de La Rioja poniendo constantemente en duda su honorabilidad y sometiendo a sus propios empleados al escarnio público. No parecen darse cuenta de que lanzando un torpedo en la mismísima línea de flotación de la escuela pública están tirando piedras contra su propio tejado. Mejor haría la Consejería en cuidar un poco más a sus trabajadores porque son la materia con la que se modela la enseñanza pública de La Rioja.

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