Un asunto emergente

España corre el riesgo de sumarse a los países europeos en los que la migración es motivo de diatriba social y confrontación política

Las corrientes migratorias que se dirigen de sur a norte y de este a oeste hacia Europa han generado una diatriba social y una confrontación política en todos los países de la Unión de las que España no parece poder librarse. La llegada de 57.498 personas en condiciones irregulares durante 2018 ha disparado las cifras anteriores, en una tendencia que apunta a su continuidad durante el año recién iniciado. Aunque su presencia resulta muy desigual según comunidades autónomas, e incluso entre los distintos municipios de aquellas que reciben más migrantes, la última encuesta del CIS indica que ya es el quinto de los «problemas» que perciben los ciudadanos. El drástico cierre de los pasos procedentes de Turquía hacia Grecia, y de allí a los países del este y del centro del continente, el blindaje posterior de la frontera italiana frente a las embarcaciones que parten de Libia y la indisposición de Marruecos y Mauritania a contener la avalancha de jóvenes procedentes del África subsahariana e incluso de sus propios nacionales explica lo que está ocurriendo. Hasta la fecha, España ha podido sortear la carga reactiva que encierra la migración en los países de recepción cuando da lugar a la xenofobia y el racismo. Los inmigrantes se convierten en problema cuando los grupos con representación parlamentaria hacen de su presencia un argumento para enfrentarse entre sí, a sabiendas de que ello puede despertar en la sociedad instintos primarios e irracionales en su insolidaridad. La migración no es un asunto que pueda despacharse mediante pronunciamientos angelicales o pretendidamente ingenuos, porque requiere actitudes responsables y rigurosas para tratar de ordenar sus flujos y preverlos. También por eso es necesario desterrar la demagogia de cualquier signo, puesto que la presión migratoria podrá desviarse, pero es inimaginable que se difumine o desaparezca. Las políticas de cooperación al desarrollo a las que se apela deberían ser tan intensivas y generosas para atajar los flujos migratorios, que nada tienen que ver con los recortes introducidos en ese capítulo durante los años de crisis. La intervención en los países de partida y de paso solo es posible mediante un esfuerzo financiero creciente de colaboración con sus respectivos gobiernos. Pero todo eso es irrealizable mientras el asunto no se convierta en 'política de Estado', en una Europa en la que cada Gobierno trata de solventar o eludir su porción del problema, incluso cuestionando en ocasiones el reciente pacto mundial, suscrito a iniciativa de Naciones Unidas.

 

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