Assange ante la Justicia

La sustracción de datos de titularidad pública o privada no se vuelve lícita porque la información sea de interés ciudadano

Assange ante la Justicia
Diario La Rioja
DIARIO LA RIOJA

El Gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno retiró el jueves a Julian Assange -fundador de Wikileaks- la condición de asilado, que el presidente Rafael Correa le había concedido en 2012 para refugiarse en la embajada del país andino en Londres y eludir la requisitoria de Suecia por denuncias de agresión sexual. Tras ello fue detenido por orden de la justicia británica, atendiendo a una solicitud de extradición de Estados Unidos por la sustracción y divulgación de informaciones que afectarían a su seguridad. Y con la eventualidad de que la justicia sueca reactive el procedimiento abierto y archivado contra él a causa de sendas denuncias por supuestos delitos sexuales. Lo ocurrido esta semana guarda relación con los cambios que ha experimentado la política interior y exterior de Ecuador, tras el relevo de Correa por Moreno y el autoexilio del primero en Bélgica. Y en lo inmediato responde a las actividades que, al parecer, había desarrollado Assange desde la embajada ecuatoriana en Londres en relación al país que en 2017 le había otorgado su nacionalidad. Es imprescindible que la suerte del gestor principal de Wikileaks sea protegida en todo momento por el Estado de Derecho y el sistema de garantías. El caso presenta demasiadas vertientes de opacidad sobre los motivos de la orden estadounidense de búsqueda, y sobre la peripecia penal a la que Assange podría enfrentarse en aquel país. Pero las dudas que suscita la actuación pasada y futura de Estados Unidos contra Assange no pueden servir de argumento legitimador de las actividades de éste.

La vulneración sistemática de la legalidad, irrumpiendo en bases de datos de titularidad pública o privada y procediendo a su sustracción, no se vuelve lícita porque esa información responda al interés de los ciudadanos de uno u otro país, o revele posibles irregularidades. Tampoco porque distintos medios de comunicación se hagan eco de su contenido en nombre del derecho a la información. Semejante lógica serviría para justificar los propósitos más perversos. De ahí que la defensa de la integridad personal y civil de Assange no deba dar lugar a la reclamación de su impunidad. Porque el control sobre poderes institucionales o económicos ha de atenerse al cumplimiento estricto de la Ley y a la demanda de cauces de transparencia que den sentido a las sociedades abiertas.