Un choque evitable

La presidenta del Congreso abre la puerta a nuevas actuaciones sobre Cataluña

MARGARITA SÁENZ-DIEZ

La fecha del referéndum en Cataluña se ha fijado para el 1 de octubre. Y la pregunta concreta y precisa será: ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República? El territorio está delimitado de antemano, pero aún hay margen para la esperanza. Carles Puigdemont, al frente de la Generalitat, ha aprovechado el tiempo. Ha propuesto a Mariano Rajoy comparecer ante el Congreso de los Diputados en Madrid, sólo para explicarse. Tiempo atrás, ya anticipó que su Gobierno asumiría las consecuencias penales de actos que son «fruto del mandato de la ciudadanía» y él y su equipo parecen dispuestos a dar con sus huesos en la cárcel «si la justicia del Estado lo decidiera».

La abierta disposición a esta iniciativa que ha mostrado la presidenta del Congreso, la eficiente Ana Pastor, es un dato positivo. El resultado de una imposible votación de los diputados tras el discurso de Puigdemont, acabaría con un portazo en sus propias narices, similar al que recibió el lehendakari Juan José Ibarretxe cuando llevó su propuesta a la Carrera de San Jerónimo.

En todo caso, el riesgo de choque de trenes está lejos de desaparecer. Si el Gobierno central decidiera, en último término, abortar la consulta con el recurso a la violencia, los miles de ciudadanos dispuestos a ocupar las calles y a salvaguardar las urnas, armarían la marimorena. No otra cosa.

Si tan rematadamente mal fueran los acontecimientos, el Parlamento de Cataluña estaría preparado para actuar. ¿Cómo? Proclamando una independencia unilateral, de escasos efectos jurídicos pero de probables infartos de miocardio, políticos, sociales y económicos. La respuesta de las instituciones del Estado contra los parlamentarios indisciplinados sería inmediata, aunque los independentistas catalanes consideren deslegitimado el Tribunal Constitucional.

La Abogacía del Estado y el equipo jurídico de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tienen a punto respuestas penales, civiles y administrativas. Y, en último término, disponen de la posibilidad de suspender la autonomía. Una carta muy arriesgada y, por ahora, descartada por su efecto demoledor.

Como esto es lo que hay a día de hoy, cada vez es más evidente que sólo si se alcanza un pacto previo que incluya la pregunta de la consulta, el porcentaje necesario de participación del censo electoral para que el resultado tenga valor, o una rotunda victoria del no, modificaría la trágica situación. Carles Campuzano, portavoz en el Congreso de la antigua CDC, recalcó el martes que hasta «el primero de octubre hay espacio para el acuerdo». Sabía lo que decía. Joan Tardá, portavoz de ERC, verbalizó la disposición de sus iguales a «sufrir» cueste lo que cueste. Ahora se abre un nuevo capítulo.

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