Villarejo encargó a un periodista grabar una cita para anular el 'caso Nicolás'

El juzgado propone juzgar al excomisario preso, su mujer y un redactor por publicar una grabación ilegal de la reunión entre policías y agentes del CNI

MATEO BALÍN

madrid. El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde hace más de un año por su implicación en la 'operación Tándem' de la Audiencia Nacional, podría sentarse en el banquillo antes de lo previsto. El juzgado de Instrucción número dos de Madrid, encargado de instruir el 'caso del pequeño Nicolás', propuso ayer juzgar a Villarejo, su mujer Gema Alcalá y al periodista Carlos Mier por un delito de revelación de secretos, castigado con hasta cuatro años de prisión en el Código Penal.

La magistrada Pilar Martínez Gamo concluyó la instrucción de esta pieza separada de la causa, referida a la difusión de una grabación ilegal realizada a tres agentes de la unidad de Asuntos Internos, entre ellos el excomisario principal Marcelino Martín-Blas, y dos miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y resolvió procesar a los tres investigados por estos hechos.

En su auto, la juez relata que el 20 de octubre de 2014, entre las 17:30 y las 18:45, tuvo lugar una reunión en el despacho del comisario jefe Martín-Blas para informar a los servicios de espionaje sobre las actividades de Francisco Nicolás Gómez Iglesias y su suplantación como colaborador del CNI o intermediario de Vicepresidencia del Gobierno.

En dicha fecha, señala la resolución, Carlos Mier prestaba sus servicios como periodista en el diario digital 'Información Sensible', propiedad de Gema Alcalá, esposa de Villarejo. Un medio en el que habían aparecido de forma previa informaciones de carácter reservado relativas a la investigación de las actividades del joven impostor.

Villarejo, quién en ese momento desarrollaba sus funciones en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, a las órdenes del también comisario Eugenio Pino, en la actualidad procesado por tres delitos por el caso del 'pen drive' con información de la familia Pujol, tuvo conocimiento previo de la existencia de dicha reunión, y encargó a Mier que llevara a cabo una grabación de la misma «con la finalidad de utilizarla con fines espurios y que fuera difundida en la prensa».

Esto es, buscaba la nulidad de la causa por las presuntas intervenciones irregulares del teléfono del 'pequeño Nicolás' por parte de los investigadores policiales, una hipótesis descartada luego por el juzgado.

Dispositivo de escucha

Así, horas antes de la reunión, el periodista realizó una llamada a la empresa Ansib Net Sol S.L., al número de teléfono de Gema Alcalá, y después llamó a Martín-Blas a sabiendas de que estaba reunido con los agentes del CNI. La comunicación tuvo una duración de 13 minutos y nueve segundos, aunque Martín- Blas negó en sede judicial haber recibido una llamada del periodista.

El auto relata que la grabación se capturó y transmitió por un canal telefónico desde el lugar de la reunión, donde pudieron haber colocado un dispositivo de escucha. Este mecanismo sirvió para conocer lo que allí se dijo desde otro móvil que se encontraba fuera de la sala y que habría sido usado por el periodista.

Finalizado el encuentro, Mier hizo otra llamada a un número relacionado con Villarejo. Dos días después, el diario de su esposa publicó un artículo firmado por el primero en el que se refirió a los contactos entre CNI y Asuntos Internos sobre el 'pequeño Nicolás'.

En días posteriores, diversos medios se hicieron eco de esta información, hasta que el contenido íntegro de la grabación se publicó en el diario 'Infolibre' el 19 de diciembre de 2014, recoge el auto. «Dichos hechos se deducen en este momento procesal de la compleja y extensa labor policial; informes periciales, así como de las declaraciones de los investigados y las declaraciones de testigos practicadas», concluye Martínez Gamo, contra cuyo auto cabe recurso ante la Audiencia de Madrid.

Resulta sorprendente la referencia de la juez a la «extensa labor policial» en la causa, cuando ella misma disolvió la comisión judicial dirigida por el inspector Rubén Eladio López y creada por el anterior juez del caso, Arturo Zamarriego. Incluso el equipo de siete investigadores de Asuntos Internos llegó a estar imputado por la juez y fue degradado por la anterior cúpula policial dirigida por Eugenio Pino y José Ángel Fuentes Gago.

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