Villarejo denuncia torturas y trato degradante en prisión y se compara con Khashoggi

Así lo ha hecho en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que investiga las actividades presuntamente ilícitas del policía, para solicitar que se adopten las medidas que sean procedentes para proteger su «integridad física y moral».

Se da la circunstancia de que el director de este centro penitenciario acordó la pasada semana intervenir las comunicaciones de Villarejo por el riesgo del uso fraudulento de las mismas y la posibilidad de que este interno filtre datos que pongan en riesgo la seguridad del Estado. La medida tiene una duración de seis meses y después puede ser revisada.

Para Villarejo, es «inevitable» pensar que alguna «autoridad» haya ordenado hacerle «cada día a partir de ahora la vida más difícil en prisión», provocándole algún tipo de «fallo de salud». Afirma que todo el mundo sabe que sufre una arritmia ventricular que «no puede controlar» y más cuando se le «dispara» la tensión «cada vez que alguna información» le afecta «de manera emocional».

«Cuesta creer que en un Estado democrático y de Derecho alguno de sus altos cargos pueda imaginar siquiera la eliminación física de una persona inocente», lamenta, al mismo tiempo que reconoce que en «los últimos días» le ha venido a la mente el asesinato sin esclarecer de Khashoggi, en el consulado de Arabia Saudí en Estambul el pasado 2 de octubre.

Para justificar estas afirmaciones, el comisario jubilado asegura que ha sido objeto de una «tortura psicológica» por parte de funcionarios de prisiones y en especial tras dos 'vis a vis' familiar que tuvieron lugar los pasados 26 de noviembre y 10 de diciembre. «Me he sentido agredido, vulnerable, consciente de que en cualquier momento podía ser atacado físicamente por sujetos grandes, jóvenes, aparentemente fuertes, y en un espacio muy pequeño y cerrado», dice.

En este sentido, cuenta que el primer encuentro familiar fue irrumpido por «cuatro o cinco» funcionarios que poseían, indica, «dispositivos electrónicos de los que se utilizan para recuperar micrófonos que se clavan como chinchetas, así como con raquetas detectoras de metales» para cachearle.

Después -prosigue el relato- fue conducido a la enfermería para que le desinfectaran «dos raspones que tenia en la cabeza» y añade que sus constantes no pudieron ser anotadas porque estaban «disparadas». El ex comisario subraya que en este episodio se sintió «despreciado, cosificado y humillado».

En cuanto al 'vis a vis' que tuvo a principios de este mes, Villarejo afirma que uno de los funcionarios le susurró «en tono amenazante y agresivo», que a partir de ahora lo iba «'a pasar muy mal'», que «si no cooperaba» le pondrían de compañero de celda a un preso conflictivo y que a su «amigo el juez», en referencia a Baltasar Garzón, «le quedaban dos telediarios».

Villarejo, que se encuentra en prisión preventiva investigando entre otros, por delitos de organización criminal, extorsión, blanqueo de capitales y cohecho, está en un módulo especial para miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con otros ex agentes de diferentes cuerpos que cumplen condena por asuntos como la violencia de género.

Por todo ello, ha pedido al juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional que ordene la imposición de medidas de protección porque duda, incluso, de los medicamentos que se le suministran por su estado de salud. Así, explica en su denuncia que alguna de esas «sustancias» pueden producir «un infarto de corazón y/o cerebral», lo que llevaría a pensar a la «existencia eventual de una muerte 'normal' en lo que habría sido una acción planeada y provocada».

«Mi principal preocupación y mi meta es, del alba al ocaso, salir con vida de este infierno de Estremera para poder defenderme, como reza nuestra Constitución, con todas las garantías, y si llegara el caso, a un juicio justo», concluye la denuncia.

Precisamente, la defensa del comisario jubilado solicitó, de nuevo, el pasado viernes a la Audiencia Nacional que le ponga en libertad con medidas cautelares «reales», como pueden ser «someterse a algún mecanismo de control telemático», visitas diarias de la Guardia Civil a su domicilio, un sistema de reconocimiento biométrico de la voz e «incluso» localización permanente en su vivienda de Boadilla del Monte (Madrid).

El juez que instruye el caso, Diego de Egea lleva tiempo estudiando la posibilidad de excarcelarle con algún medida de control telemático o de arresto domiciliario, pero dejará la causa el 31 de diciembre, después de haber renunciado a su posición como refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, alegando «motivos personales». Aún así, ha dado traslado de esta última solicitud de libertad a la Fiscalía Anticorrupción para que informe al respecto.