El vídeo no llegó a la Policía y se vendió al mejor postor hace casi siete años

La Policía Nacional nunca tuvo en su poder el vídeo sobre el hurto de Cristina Cifuentes. No custodió jamás esas imágenes porque no requirió ni la grabación hecha pública ayer por 'Ok Diario' ni otras supuestas imágenes de la entonces vicepresidenta de la Asamblea de Madrid en el interior del híper del barrio de Vallecas aquel 4 de mayo de 2011. Y no lo hizo porque no hubo denuncia ya que al final la retenida se avino a abonar las cremas (poco más de 40 euros) y Eroski no denunció, como es práctica habitual cuando se satisface el importe.

Responsables del cuerpo en Villa de Vallecas apuntaron ayer que solo los responsables de seguridad del centro habrían tenido acceso a esas imágenes, que deberían haber sido destruidas un mes después al no haber sido requeridas en una investigación, tal y como marca la Ley de Protección de Datos y la Instrucción 1/2006 de esta entidad. Eroski, que entonces era el propietario de aquel híper que al poco tiempo vendió, aseguró ayer tajante que las grabaciones de videovigilancia se destruyeron «automáticamente en un plazo menor de 30 días». El grupo vasco de distribución afirmó no tener documentación sobre ese incidente porque la destruyó al traspasar la superficie al nuevo operador y, en todo caso, apuntó que la «cadena de custodia» debía estar «garantizada» por el «servicio de vigilancia contratado». La empresa era Castellana de Seguridad.

Sin embargo, el vídeo, recalcan mandos policiales conocedores de su existencia desde hace años, salió a la venta al mejor postor a finales de 2011. ¿Quién lo compró y cuándo? La respuesta no es fácil, aunque todos los especialistas recuerdan que por entonces estaban ya naciendo, cuando no en pleno auge, los sistemas de espionaje a rivales políticos internos en el PP de Madrid. Varios despachos de abogados y detectives de la capital estaban desde hace más de un lustro detrás de hacerse con el vídeo, aun sin saber a ciencia cierta si existía.

Pero hay más puntos turbios en este caso. Los dos agentes de paisano de la Comisaría de Puente de Vallecas que acudieron aquella mañana de mayo de 2011 al hipermercado tras la retención de Cifuentes por el hurto de dos cremas cosméticas estaban obligados por reglamento a redactar la denominada minuta, un pequeño atestado describiendo su actuación tras ser requeridos. Sin embargo, según confirman todas las fuentes consultadas, ese acta (en la que tendría que venir reflejada la filiación de la persona retenida) no se conserva en los archivos policiales. O bien porque no se redactó (aunque los agentes aseguran que sí lo hicieron) o bien porque alguien se ocupó de que desapareciera cuando Cifuentes fue nombrada delegada del Gobierno en Madrid en enero de 2012.

Más piezas que no encajan. La expresidenta, en la comparecencia en la que anunció ayer su dimisión, aseguró que todo fue un accidente y que se despistó al meter las cremas en su bolso porque su intención era abonarlas en caja. Esa es también la versión que mantiene el PP. Sin embargo, los agentes involucrados en aquel capítulo dan otra versión. Cifuentes, cuando fue sorprendida, adujo que las cremas eran suyas y que las había adquirido en otro comercio. Es por ello que en el vídeo se ve cómo un empleado recoge las cremas para comprobar por el código de barras que pertenecían al stock de ese hipermercado de Eroski.

Cifuentes, según el guardia de seguridad que la interceptó, se negó en un principio a abonar la mercancía y entonces el híper llamó a la Policía. Solo cuando el reponedor comunicó que las cremas eran de Eroski la hasta ayer presidenta autonómica pagó.

Cifuentes alegó también ayer que hace dos años sufrió un intento de extorsión por este vídeo y que lo puso en «conocimiento de la Policía». Sin embargo, hasta ahora, no consta que esa denuncia se oficializara ante la Policía ni tampoco ante la Fiscalía. Tampoco que se instruyeran diligencias en un juzgado.

Eso sí, los mandos de las fuerzas de seguridad consultados están casi seguros de que efectivamente Cifuentes fue chantajeada antes de las autonómicas de 2015 en las que se hizo con el Gobierno madrileño.