«El PP valenciano financió sus campañas de manera tan irregular que fue delictiva»

El tribunal, en el segundo varapalo judicial al PP en poco más de dos semanas, impone penas que van desde los cuatro meses de cárcel a los seis años y nueve meses para 18 de los 20 acusados en el juicio de la rama valenciana del 'caso Gürtel', al considerar acreditada su participación en la financiación ilegal de las campañas electorales del PP de la Comunidad Valenciana en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales del 2008.

Pero a diferencia del fallo conocido en mayo, la Audiencia Nacional ahora sí que condena a 17 de los 20 procesados por delitos electorales, al margen de falsedad documental continuada e ilícitos contra la hacienda pública. No obstante, a pesar del alto número de condenas, las penas, como se esperaba, no son especialmente duras habida cuenta de la mayoría de los procesados habían alcanzado pactos con la Fiscalía y habían confesado antes del juicio o durante la vista oral. En este último caso está el exsecretario general Ricardo Costa, condenado a cuatro años de cárcel al aplicar el juez las atenuantes de colaboración activa o confesión. El 24 de enero, Costa tiró de la manta en la Audiencia Nacional y admitió que el PP «sí se financiaba con dinero negro», al tiempo que acusó a Camps de estar al frente de esa contabilidad paralela.

La sentencia, relativa a las piezas separadas de Valencia 1, 2 y 6 del 'caso Gürtel', también condena (por tercera vez) a los cabecillas de la trama. Entre otros, al jefe de la red, Francisco Correa, a quien impone cinco años y tres meses tras aplicarle la atenuante de haber devuelto dos millones de euros; a su mano derecha, Pablo Crespo, quien es sentenciado a cinco; y a Álvaro Pérez, 'El Bigotes', al que se le condena a seis años y nueve meses prisión.

El titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, impone penas de cárcel que llegan hasta un año y nueve meses de cárcel a los nueve empresarios que admitieron haber financiado en 'B' al PP, pero acto seguido conmuta las penas por multas, que llegan hasta los 154.500 euros, ya que se les aplica la atenuante de colaboración activa por haber abonado ya como responsabilidades civiles 1.057.101 euros.

La sala solo absuelve a uno de los empresarios (al que se le retiró la acusación) y a Vicente Rambla, exvicepresidente de la Generalitat, porque no hay prueba directa que permita concluir que sea autor de los delitos , aunque tampoco «podía ignorar lo qué estaba ocurriendo en las campañas que dirigía». Pero ante la duda, no hay condena.

Los hechos probados de la sentencia son muy duros con el PP, al que acusa, incluso, de haber tejido un sistema de «soborno en diferido», según el cual «ciertos empresarios pagan hoy campañas electorales y mantienen u obtienen mañana contratos administrativos». Un sistema, de financiación «delictiva», que ataca la propia «pureza de los procesos electorales» y, «en definitiva, el juego limpio electoral».

El fallo insiste en que esta estratagema lo corrompió todo: «La neutralidad y objetividad de las administraciones se ve seriamente cuestionada cuando los financiadores de la campaña electoral son, exacta y precisamente, adjudicatarios de obras, servicios o suministros contratados por la administración, cuyos representantes políticos han sido elegidos apoyándose en una campaña financiada ilegalmente».

La maquinaria orquestada por el PP valenciano -y descrita por Costa, Correa o 'El Bigotes, a los que la sentencia da credibilidad- no era complicada: los responsables populares en los comicios locales y autonómicos de 2007 y en los generales de 2008 obviaron «la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista por la ley» y recurrieron a empresarios, infringiendo la «genérica prohibición legal de abono de los gastos de los partidos políticos por terceras personas». Fue entonces cuando recurrieron a Orange Market, la empresa en Valencia de Correa.

Los empresarios imputados, que no podían hacer donaciones al PP, saldaron las «deudas» que el partido tenía con esa sociedad haciendo pagos por falsos servicios no realizados. En 2007 los empresarios habrían sufragado 1.234.109 euros, y en 2008 otros 801.810 euros por los servicios prestados por Orange al PP de Camps.