Un tribunal superior dinamita las pruebas de acceso a la Policía Nacional

Da la razón a un opositor que no pasó la entrevista personal y cuestiona en una sentencia los criterios técnicos subjetivos de este examen final

MATEO BALÍN

madrid. Un tribunal superior ha cuestionado en una sentencia la prueba de acceso a la escala básica de la Policía Nacional tras estimar el recurso de un opositor al que suspendieron en la parte final del examen, la entrevista personal, después de superar las pruebas físicas, las de conocimiento y ortografía y el reconocimiento médico.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, formada por seis magistrados, ha considerado por unanimidad que a Manuel C. A. debe reconocérsele su derecho a que se declare superada la parte de la entrevista personal del proceso selectivo celebrado en mayo de 2016. La resolución anula la decisión del tribunal examinador por vulnerar los derechos del opositor y condena en costas a la Dirección General de la Policía a abonar 800 euros.

Además, el recurrente deberá ingresar en la escala básica, en el escalafón que le corresponde por su promoción, con la misma antigüedad y resto de efectos económicos y administrativos de sus compañeros. Contra esta sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Santiago de Andrés, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Los hechos se remontan al citado examen celebrado en mayo de 2016 y el posterior rechazo del recurso de alzada presentado por el opositor contra la decisión del tribunal calificador. La motivación del demandante se centraba en su exclusión del proceso selectivo en base a un informe «carente de la más mínima motivación y erigiendo dicha prueba, que debe tener carácter complementario junto a la realización previa de los tests psicotécnicos, en algo determinante del examen por su carácter eliminatorio».

Añade que la citada entrevista se llevó a cabo «sin garantía alguna y sin publicidad, constituyendo la misma una mera reiteración de los exámenes psicotécnicos previos, carente de la más mínima definición y especificidad, y con una evidente desproporción con el resto de pruebas». Una circunstancia que infringió, entre otros, el artículo 23.2 de la Constitución (acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas).

La parte demandada alegó que los criterios de la entrevista personal tienen rigor técnico propio de la propuesta de la Jefatura de Planificación Psicopedagógica y destaca, además, que el examen individual contó con la presencia de un psicólogo.

En el caso de Manuel C. A. obtuvo una puntuación desfavorable (43 puntos sobre el mínimo exigido de 60) al haber apreciado el asesor psicólogo que al candidato «le cuesta reconocer y asumir que el trabajo policial requiere, frecuentemente, el uso de medidas coercitivas; le cuesta aceptar la connotación violenta que va implícita en la actividad; tiene rigidez y obstinación evidentes y es poco capaz de improvisar usando la lógica y el sentido común».

Perfiles que «no gustan»

El tribunal superior recuerda, para estimar el recurso, que el Supremo admite «cierto margen de discrepancia» sobre cuestiones de conocimientos técnicos. Y en el caso concreto, se considera que el informe psicológico carece de justificación para llegar a esas conclusiones y tampoco consta grabación alguna de la entrevista para esclarecer los hechos. Ello pese a que la prueba de la entrevista personal, recuerdan los magistrados, tiene una idoneidad como elemento de contraste que resulta «incuestionable».

El abogado del policía, Antonio Suárez-Valdés, señaló ayer tras conocer la sentencia que que tanto la Guardia Civil como la Policía «vienen utilizando, en muchos casos, la entrevista personal como una manera de desembarazarse, en el último momento y por vía de una prueba de apreciación subjetiva, de aquellas personas que, siendo perfectamente aptas psicológicamente para la función, no presentan ciertos perfiles que no les gustan». Entre estos colectivos se encontrarían los mayores de 28 años, los titulados superiores o los ciudadanos que en su juventud hubieran podido cometer algún tipo de irregularidad administrativa o penal, por mucho que los antecedentes estén borrados.

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