Trapero se enfrenta a 11 años por poner a los Mossos al «servicio del secesionismo»

La Fiscalía acusa al mayor y al resto de la cúpula del cuerpo de rebelión por cooperar con el 'procés' de forma «decisiva y consciente»

MELCHOR SÁIZ-PARDO MADRID.

La Fiscalía mostró una dureza inesperada con la cúpula de los Mossos d'Esquadra por su intervención en la intentona secesionista. El mayor Josep Lluís Trapero y sus superiores, el exdirector del cuerpo Pere Soler y el ex secretario general de Interior César Puig, se enfrentarán a una petición de once años de prisión por rebelión. La Fiscalía fue más allá que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que procesó a Trapero, Soler y Puig y a la intendente de los Mossos Teresa Laplana por dos delitos de sedición y uno de pertenencia a organización criminal, penados con menos cárcel que la rebelión. El fiscal Pedro Rubira es tajante: «no sólo omitieron toda actuación tendente a evitar la celebración del referéndum, sino que contribuyeron de forma decisiva para que el cuerpo de los Mossos se pusiera al servicio del plan secesionista».

Argumenta su decisión de aplicar el delito de rebelión a Trapero y a sus superiores porque fueron «pieza clave» para «llevar a cabo el plan secesionista» del otoño pasado. Queda mejor parada la intendente del cuerpo Teresa Laplana, para la que Fiscalía pide cuatro años de prisión.

La acusación más grave es que fueron parte activa del plan de los líderes secesionistas porque intentaron independizar parte del territorio nacional y para ello sustrajeron parte de la «fuerza armada (el cuerpo autonómico) a la obediencia del Gobierno». El Ministerio Público cree que en ese plan fueron meros «mandos subalternos» y no dirigentes, por lo que no reclama la pena máxima por rebelión (de 15 a 25 años), sino que la sitúa en el grado inferior (entre 10 y 15 años). Pero aún así, Trapero, Soler y Puig cooperaron de forma «decisiva, consciente e intencionada» en la rebelión. El mayor, admite el fiscal, «cumplía órdenes», pero «consciente» de las consecuencias.

La Fiscalía acusa a los tres por su participación en el plan secesionista que desembocó en el 1-O, y por haber permitido el acoso a la Guardia Civil durante el asedio a la Consejería de Economía el 20 y 21 de septiembre de 2017. En el caso de Laplana solo le imputa responsabilidad por los disturbios frente a la consejería.

Trapero y sus jefes, según la Fiscalía, fueron «pieza clave para, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los tribunales de justicia». Los tres participaron en «el plan secesionista ideado por los responsables del Govern y del Parlament de la Generalitat así como por los líderes de los grupos parlamentarios y de las asociaciones independentistas».

«Violencia»

El fiscal insiste en que la actuación de los procesados (y sobre todo su «inacción y dejación de funciones») dio lugar a la «violencia», la condición 'sine qua non' para hablar de rebelión. «En los días 20 y 21 de septiembre y 1 de octubre se produjeron numerosos actos de violencia sobre las personas y las cosas generándose un clima de tensión y enfrentamiento susceptible de generalizarse», afirma el escrito.

El Ministerio Público pone el acento en que Trapero y sus jefes pusieron la «capacidad investigadora e intimidatoria» de los Mossos, al servicio del 'procés', sabedores de que la connivencia del cuerpo policial era indispensable para llevar a buen puerto el referéndum ilegal. Los procesados llegaron al punto de ordenar a los Mossos «funciones impropias de un cuerpo policial como la realización de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y en algunos casos, incluso oponerse físicamente».

Pero las acusaciones contra Trapero van más allá. La Fiscalía entiende que se encargó de «diseñar» varios «mecanismos de actuación» para «impedir» que los mossos pudieran cumplir las órdenes de la justicia de impedir la votación el 1-O.