El Supremo deja sin la titulación necesaria a gran parte de la cúpula de la Policía Nacional

Fachada principal del Tribunal Supremo en la plaza Villa de París de Madrid. :: ballesteros/efe/
Fachada principal del Tribunal Supremo en la plaza Villa de París de Madrid. :: ballesteros/efe

La sala concluye que el curso exprés que la URJC organizó para que más 200 mandos fueran licenciados no es igual a un grado universitario

MELCHOR SÁIZ-PARDO

Madrid. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo acaba de abrir una grave crisis en la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) al dejar, en la práctica, sin título universitario válido a más de 200 mandos de la institución que ahora se encuentran en un limbo legal.

El alto tribunal ha sentenciado que el curso online y exprés de Criminología que la polémica Universidad Rey Juan Carlos (URJC) -ya cuestionada por los casos de Cristina Cifuentes, Pablo Casado o Carmen Montón- organizó para convertir en tiempo récord a los policías en universitarios «no es equivalente a una titulación media», pues «no cumple con la carga lectiva exigible», ya que, en lugar de los 240 créditos actuales o los 180 que se exigían entonces, los policías en un «período corto de tiempo y mediante un curso a distancia de 60 créditos» se hicieron diplomados universitarios. El grado universitario que habilita a buena parte de los jefes de la institución, por tanto, no es válido, apunta el tribunal.

Cerca de 200 actuales comisarios principales, comisarios, secretarios técnicos, subdirectores, jefes de división y jefes superiores sin titulación (diplomatura o licenciatura universitaria previa) consiguieron entre 2013 y 2015, y en cuestión de meses, el «grado universitario» que les exigía la Administración para poder optar a los puestos de más alta responsabilidad y sueldo en la institución gracias al cuestionado curso de la URJC, que fue diseñado 'ad hoc' para esos agentes cuando un cambio legislativo en la época les obligó a ser universitarios.

Entre esos dos centenares de mandos, admiten fuentes del cuerpo, se encuentra buena parte de la actual cúpula policial nombrada ya en la época del ministro Fernando Grande-Marlaska. Se trata de comisarios y otros funcionarios de alto nivel con décadas de trayectoria profesional, pero que hace cinco años no tenían un título universitario que les permitiera escalar hasta las más altas cotas del escalafón. En los dos años académicos en los que estuvo vigente este supuesto atajo fueron decenas los comisarios e inspectores que consiguieron en un tiempo récord cumplir con los requisitos que fijó la Ley de Personal del Cuerpo de 2015 que, de un día para otro, exigió un «grado universitario» para mejorar en el escalafón. Ese grado también fue un negocio para la universidad que se embolsó por la matrícula de cada carrera exprés 3.000 euros.

El Supremo desestima en su resolución un recurso de un comisario principal contra la decisión del Ministerio de Educación de acabar en 2015 con este grado, que para entonces ya se había convertido en un escándalo dentro y fuera de la institución. «El Grado en Criminología expedido por la Universidad Rey Juan Carlos se obtuvo en un periodo corto de tiempo (pocos meses) mediante curso a distancia y con una carga lectiva de 60 créditos. Para que ese Grado en Criminología fuese equivalente a una antigua Diplomatura, Arquitectura o Ingeniería Técnica debería haberse cursado en tres cursos completos, con una carga de 180 créditos», zanja el tribunal.

Jurisprudencia

La Dirección General de la Policía desconoce todavía el alcance que la sentencia podría tener. En principio, portavoces oficiales apuntan a que el caso analizado por el Supremo afecta solo al comisario que reclamó, si bien otros responsables de Interior admiten que el fallo crea jurisprudencia y que, antes o después, no se podrá obviar para la generalidad de mandos que usaron ese atajo académico.

Por su parte, la URJC anunció ayer que «recurrirá» (sic) la sentencia del Supremo. La universidad -que no desveló cuál será la fórmula jurídica para apelar una resolución firme del alto tribunal en un proceso en el que, además no fue parte- se quejó de la «indefensión» que le ha provocado esta sentencia porque el centro no ha podido aportar la documentación que, según su versión, prueba que el grado tenía los 240 créditos exigidos.

 

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