El septiembre que cambió Cataluña para siempre

Por tanto, ya hace un año avisó de que Cataluña celebraría una consulta sobre la independencia, tanto si el Gobierno central se avenía a acordarla como si no. La vía pactada no fue posible y Puigdemont apostó por la unilateral. Además del PDeCAT, ERC y la CUP, Puigdemont cuenta con el apoyo para el 1-O de Catalunya en Comú. Es decir, el 60% de los escaños del Parlamento autonómico avalan la consulta de hoy, que aún está en el aire, pero que ha dado un vuelco para siempre a la política catalana. La arena catalana es una montaña rusa continua, especialmente este último mes, en el que se ha vivido una carrera frenética, que ni siquiera se ralentizó tras el trágico atentado yihadista del pasado 17 de agosto, en el que fueron asesinadas 17 personas en Barcelona y Cambrils (Tarragona) por una célula terrorista. Estos son los días clave del último tramo del proceso.

El independentismo amagaba, pero no acababa de consumar el desafío. En parte porque no encontraba la fórmula para poder aprobar la ley que debía dar amparo legal al referéndum. Tras una sesión parlamentaria muy bronca, en la que la oposición acusó al secesionismo de dar un golpe de Estado y de vulnerar todos sus derechos, la Cámara catalana aprobó la ley del referéndum con los votos de Junts pel Sí y la CUP. Catalunya sí que es Pot votó en contra y el resto de grupos (Cs, PSC y PP) se ausentó del hemiciclo en el momento de la votación como protesta. La ley se declaraba como «norma suprema» y establecía el compromiso de proclamar la independencia a las 48 horas de la consulta, en caso de victoria del sí.

Acto seguido, Carles Puigdemont, y todos los miembros de su gobierno, firmaron el decreto que convocaba de manera oficial un referéndum sobre la autodeterminación. El presidente de la Generalitat cumplía la promesa y ponía rumbo hacia la colisión con las instituciones estatales. Fue el primer gran acto oficial de desobediencia por parte de los dirigentes soberanistas, advertidos por el Tribunal Constitucional de que no podían dar ni un paso en la dirección de avanzar en el desarrollo de la hoja de ruta secesionista.

La ley del referéndum y el decreto de convocatoria solo estuvieron en vigor durante horas. Al día siguiente de su aprobación, el Gobierno central recurrió al Tribunal Constitucional todas las resoluciones sobre el referéndum. El Constitucional, reunido de urgencia, suspendió de manera cautelar la ley de la consulta y el decreto de convocatoria. Horas después, el secesionismo demostró que va a por todas y a pesar de las advertencias dio luz verde a la ley de transitoriedad jurídica, de nuevo en una sesión parlamentaria muy crispada, en la que se vulneraron todos los derechos de los grupos de la oposición y se violentó el reglamento del Parlamento autonómico. El Estatuto y la Constitución saltaron por los aires. Fue una imposición de la CUP de escaso valor práctico, pero cargada de simbolismo. La ley de transitoriedad nació con el compromiso de entrar en vigor en caso de victoria del sí en el referéndum de hoy. Se trata de una mini Constitución, que proclama que «Cataluña se constituye en una república de derecho, democrática y social» y abre un proceso para crear un nuevo Estado en el plazo de un año, con la aprobación en referéndum de la Carta Magna del hipotético nuevo estado catalán.

La Fiscalía Superior de Cataluña presentó ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) una querella, admitida días después, contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y contra todos sus consejeros, por desobediencia, prevaricación y malversación. El fiscal general del Estado ordenó además a los máximos responsables de la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra que intervengan en el caso de la celebración del referéndum.

El proceso soberanista catalán no puede entenderse sin las multitudinarias protestas del 11-S celebradas en los últimos años. La primera fue en 2012, en la que cientos de miles de personas se manifestaron bajo el lema «Cataluña, nuevo Estado de Europa». La afluencia se ha mantenido de manera masiva durante estos años hasta la edición de 2017, que reunió a cerca de un millón de personas, según la Guardia Urbana, bajo el lema la 'Diada del sí'. Las manifestaciones del 11-S han concedido el máximo de protagonismo del proceso a las plataformas secesionistas, la ANC y Ómnium, convertidas en actores clave del actual desafío político. La ANC nació en 2011 y se trata de un poder paralelo al de los partidos políticos. La presidenta del Parlamento catalán y dos consejeras del Gobierno catalán proceden de la Asamblea. Además, Jordi Sánchez forma parte del sanedrín de asesores de Puigdemont. Su gran capacidad de movilización sigue intacta.

A pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional y avisos de la Delegación del Gobierno, el independentismo de manera unitaria inició en la plaza de toros de Tarragona la campaña electoral del referéndum ante 8.000 personas. Carles Puigdemont y Ada Colau anunciaron horas antes un acuerdo para que el Ayuntamiento de Barcelona colabore en la celebración del referéndum y los comunes se sumaran al frente soberanista. Los comunes, eso sí, no consideran el 1-O como un referéndum sino como una movilización. La Fiscalía se querelló además contra unos 700 alcaldes catalanes (sobre un total de 950) por su apoyo a la consulta.

La escalada verbal lleva al presidente del Gobierno a advertir a los soberanistas de que «no subestimen la fuerza de la democracia». «Nos van a obligar a llegar donde no queremos llegar», dijo en Barcelona, anunciando las medidas coercitivas llevadas a cabo con posterioridad: la operación policial, la intervención de las cuentas y el control de los Mossos. Al día siguiente, Puigdemont replicó: «No hay que subestimar la fuerza del pueblo de Cataluña». El presidente de la Generalitat avisaba de la respuesta en la calle y ante las urnas de la sociedad.

Después de un ultimátum de 48 horas a la Generalitat para que rectificara y volviera a informar de sus cuentas a Hacienda, el Ejecutivo central hizo efectivo el anuncio e intervino las cuentas catalanas. La Consejería catalana de Economía intentó resistirse con un recurso al Tribunal Supremo, pero acabó aceptando la imposición del Ministerio de Hacienda. La Generalitat no puede hacer un solo gasto sin que se entere la administración central, que ahora abona los sueldos de los funcionarios y paga a los proveedores del Gobierno autonómico.

Fue el día de máxima tensión en cinco años de proceso soberanista. Por orden judicial, la Guardia Civil detuvo a catorce personas relacionadas con la organización del referéndum, entre ellos, el número 2 y el 3 de la Consejería de Economía, estrechos colaboradores de Junqueras. La Policía española se incautó de 10 millones de papeletas y realizó 41 registros. Entre otros, en el Departamento de Economía de la Generalitat, cuya sede se convirtió en el epicentro de decenas de protestas por toda Cataluña. Una decena de furgonetas de la Policía Nacional llegaron a personarse frente a la sede de la CUP. El secesionismo giró su discurso y acusó a Rajoy de decretar el estado de excepción. «Esto ya no va independencia, va de democracia», dijeron. Se habló de presos políticos, represión y persecución por motivos ideológicos. Los agentes de la Guardia Civil que irrumpieron en Economía no pudieron salir hasta las 7 de la mañana del día siguiente porque su seguridad no estaba garantizada. La operación policial asestó un duro golpe a la preparación del referéndum, pero desató la protesta en la calle y la ANC y Ómnium casi han mantenido desde entonces la movilización permanente. Al día siguiente, la protesta se trasladó al TSJC.

El cerco sobre la Generalitat aumentó y a una semana del referéndum, el fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, dio la orden de que el Ministerio del Interior, a través de su Secretaria de Estado, asumiera la coordinación de todas las actuaciones de Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional para impedir el referéndum del 1 de octubre. La Consejería de Interior trató de resistirse.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ordenó a la Fiscalía que cesara en sus «diligencias, actuaciones e instrucciones» para impedir la votación. La magistrada del alto tribunal catalán, Mercedes Armas, que dirige la causa abierta por el 1-O contra el Gobierno catalán, asumió toda la investigación e instó a Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional que impidan la utilización de locales o edificios públicos para la preparación del referéndum y que obligue a cerrar los que se abran para la votación.

El tesoro mejor guardado de Cataluña, según la definición de la ANC, es presentado en sociedad. Las urnas son de plástico blanco. La Generalitat llama a votar a 5,34 millones de catalanes en el referéndum sobre la independencia convocado por el presidente Carles Puigdemont. Según datos oficiales, la consulta se celebrará en 2.315 colegios y 6.200 mesas. El Gobierno catalán admite que todos los centros no estarán abiertos. Empiezan los encierros en los colegios electorales para defender los locales de votación.

La ANC rebaja las expectativas y admite que un millón de votos (el 18% del censo) ya sería un éxito de participación para hoy.