Sánchez y Santamaría pactaron a espaldas de Pablo Casado el ingreso en el Consejo de Estado

Sánchez saluda a Sáenz de Santamaría en un acto de mayo de 2015, cuando aún era vicepresidenta. :: efe/
Sánchez saluda a Sáenz de Santamaría en un acto de mayo de 2015, cuando aún era vicepresidenta. :: efe

La exvicepresidenta cimentó unas buenas relaciones con los socialistas en la negociación del 155

RAMÓN GORRIARÁN

madrid. Pedro Sánchez pactó con Pablo Iglesias la cuota de Podemos en el Consejo de Estado. No así con el principal partido de la oposición. El presidente del Gobierno llamó por teléfono hace un mes a Soraya Sáenz de Santamaría con una oferta para que fuera consejera electiva del principal órgano consultivo. La exvicepresidenta, señalan fuentes de su entorno, aceptó 48 horas después. Ni ella ni Sánchez informaron a Pablo Casado de su acuerdo.

Después de haber declinado la oferta de su rival en las primarias para entrar en la dirección del PP y haber anunciado el 10 de septiembre su retirada de la política, Sáenz de Santamaría recibió la llamada de Sánchez. La oferta de ingresar en el Consejo de Estado, donde coincidirá con otra exvicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, presidenta de la institución, no le pilló por sorpresa. Su relación con el equipo de Sánchez, en especial con Carmen Calvo, su sucesora en la Moncloa, fue muy estrecha durante las negociaciones para la aplicación del artículo 155 en Cataluña tras la declaración de independencia.

Tras pensárselo durante un fin de semana, Sáenz de Santamaría dio el sí al presidente, pero no se lo comunicó a Casado. Tampoco lo hizo Sánchez, que tiene una relación muy frágil con el líder de la oposición. El PP se enteró el viernes porque la Moncloa anunció el nombramiento en un comunicado. El secretario general del partido confirmó la inexistencia de contactos entre el presidente y el líder de la oposición sobre este asunto y enmarcó el fichaje en la esfera personal de Sánchez. Teodoro García-Egea calificó de «buena noticia» que los socialistas «reconozcan al PP los servicios prestados al país». Algo que, «al paso que va», difícilmente ocurrirá con Sánchez.

En el Gobierno no esconden que el nombramiento tiene una fuerte carga política en estos momentos de enfrentamiento sin cuartel con el PP que lidera Casado. En la Moncloa creen que la situación sería distinta con la número dos de Mariano Rajoy al frente del partido.

Lealtad institucional

La composición del Consejo de Estado no es una decisión personal del presidente del Gobierno, es política porque nombra sus representantes y negocia con los líderes de otras fuerzas la incorporación de sus cuotas. Es lo que hizo Sánchez con el secretario general de Podemos. Iglesias puso sobre la mesa el nombre de Julio Anguita, pero el ex coordinador general de IU, tras un primer sí, se echó para atrás por razones personales. Recurrió entonces a sus socios de En Comú Podem, primero barajó la alternativa del exportavoz de la alianza Xavier Domènech, que rechazó la propuesta. Después planteó el nombre del exsenador de Iniciativa per Catalunya Jordi Guillot, que Sánchez aceptó.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, destacó ayer que los cuatro nuevos consejeros de Estado, además de ser «muy cualificados», se distinguen por su «lealtad» institucional. Junto a Sáenz de Santamaría y Guillot, el Consejo de Ministros aprobó las incorporaciones de la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, muy contestada en su momento por el PP, y la exmagistrada de esa misma corte Elisa Pérez Vera, que fue ponente del Estatuto de Cataluña que después el mismo tribunal declararía nulos varios de sus apartados.

Sáenz de Santamaría, a diferencia de los consejeros natos, no cobrará un sueldo por su cargo y solo percibirá dietas por participar en los plenos, con un máximo de 974,16 euros al mes. Tampoco participará en los dictámenes sobre leyes aunque puede participar en los plenos del Consejo y votar. Podrá compaginar el cargo con otras actividades privadas, aunque tiene una difícil reinserción en la empresa privada porque la ley de incompatibilidades establece que durante dos años no podrá trabajar en áreas sobre las que se interesó mientas fue vicepresidenta.

 

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