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RAMÓN GORRIARÁN
Miércoles, 10 de octubre 2018, 00:33
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madrid. Acuciado por la presión del PP para que explique en el Senado su tesis doctoral y con la estrategia de diálogo con la Generalitat de Cataluña en horas bajas, Pedro Sánchez se sacó ayer de la manga la celebración del Debate sobre el Estado de las Autonomías en la Cámara alta en el primer trimestre de 2019. Un cónclave autonómico que no se celebra desde hace trece años, que no era una prioridad ni figuraba entre sus planes y en el que todas las fuerzas políticas ven un intento de ganar tiempo con la calculadora electoral en la mano.
El problema es que Sánchez no tiene en su mano poner fecha a la cita. Esa responsabilidad recae en el presidente del Senado, que sopesa los pros y contras de la reunión. La costumbre es que los presidentes del Gobierno y del Senado actúen de común acuerdo. Esa sintonía se puede romper en esta oportunidad porque Sánchez es socialista y Pío García-Escudero, del PP, y los populares ya rechazaron el año pasado la celebración del debate autonómico con el argumento de que el pleno se reduce a «una sucesión de monólogos» porque el formato es rígido y «poco productivo», en palabras del entonces portavoz del PP en la Cámara alta, José Manuel Barreiro.
Aunque el reglamento del Senado establece que la cita de los presidentes autonómicos debe celebrarse todos los años, la realidad es que desde que se instauró en 1994 con Felipe González solo se ha convocado en dos ocasiones más. En 1997, con José María Aznar, y en 2005 con José Luis Rodríguez Zapatero. Ninguno de los tres repitió en sus mandatos la experiencia de medirse en la Cámara territorial con 16 presidentes autonómicos durante dos interminables jornadas. El debate suele cerrarse con un tercer día dedicado a la aprobación de resoluciones intrascendentes y nulo efecto práctico. Mariano Rajoy se negó a pasar por ese trago y nunca instó al presidente del Senado a que lo convocara.
Las reuniones, además, siempre cuentan con un ausente, el lehendakari. José Antonio Ardanza no fue a los dos primeros y Juan José Ibarretxe tampoco acudió al tercero. El presidente del Gobierno vasco siempre ha rechazado los foros autonómicos multilaterales en su relación con el Ejecutivo central. No así el presidente de la Generalitat. Jordi Pujol fue uno de los principales protagonistas en 1994 y 1997, sobre todo en este último, cuando expuso por primera vez su tesis de la «soberanía compartida» con el Estado para las nacionalidades históricas como alternativa al «café para todos» del modelo autonómico. Un planteamiento que suscitó un gran revuelo porque era la primera ocasión que alguien ponía sobre la mesa un planteamiento soberanista, aunque fuera incipiente y poco definido. Pasqual Maragall participó en el último debate.
En caso de que el PP diera un giro a su postura y García-Escudero se plegara a la petición de Sánchez, a la acostumbrada ausencia del lehendakari es más que probable que se sume la del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que también exige un marco bilateral para sus relaciones con el Estado. La autonómica, además, es una etapa pasada para las fuerzas independentistas catalanas, que solo quieren acordar con el Gobierno central la celebración de un referéndum de autodeterminación con resultado vinculante. Existe, por otra parte, el precedente de la última Conferencia de Presidentes en enero de 2017, en la que no participaron Urkullu ni el entonces presidente catalán, Carles Puigdemont.
Sánchez, sin embargo, intenta rescatar el debate con la doble finalidad de demostrar que no rehúye el Senado, a pesar de su negativa a acudir al pleno de esa Cámara para debatir sobre las supuestas irregularidades de su tesis doctoral y sobre la política de inmigración. El segundo objetivo es colocar a la Generalitat de Cataluña ante la disyuntiva de debatir su proyecto independentista con el resto de gobernantes territoriales o desperdiciar esa oportunidad.
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