Sánchez quiere impedir por ley tomas de posesión como la del nuevo president

El PP admite que es «muy complicado» impugnar la fórmula empleada por Torra porque varias sentencias lo avalan

P. DE LAS HERAS MADRID.

Pedro Sánchez ha decidido que es el momento de proponer reformas legales frente al desafío catalán. Un día después de anunciar que llevará al Congreso una modificación del Código Penal para tipificar de otro modo el delito de rebelión y ajustarlo a hechos como los impulsados por Carles Puigdemont, desveló que también planteará una propuesta para que sea obligado que en su toma de posesión cualquier cargo acate explícitamente la Constitución y muestre respeto al Rey.

Ninguna de las dos iniciativas han sido aún formuladas y en Ferraz admiten que ni siquiera existe un borrador inicial. Tanto Podemos como el PDeCAT y Esquerra acusaron al secretario general del PSOE de haber entrado en una competición de «ocurrencias» con Albert Rivera, de «nerviosismo» e incluso de «sed de venganza». «Que esto lo haga Ciudadanos lo entendemos porque es el falangismo puesto al día -arguyó el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà-, pero que lo haga el PSOE, no».

La última propuesta de Sánchez, lanzada durante una entrevista en Antena 3, responde al malestar creado por la fórmula que ayer empleó Quim Torra para prometer el cargo de presidente de la Generalitat, la misma que en su día utilizó Carles Puigdemont. No hubo referencia a la Carta Magna o a la Corona, únicamente al pueblo de Cataluña.

En realidad, la legislación española ya estableció en un Real Decreto de 1979 cuál debía ser la fórmula empleada en las tomas de posesión, que implicaría, en cualquiera de sus variantes, el juramento promesa de «cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado». También la ley electoral especifica que los cargos electos «deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución».

Acto protocolario

Sin embargo, el Constitucional señaló en el pasado que el uso de una u otra fórmula carece de «trascendencia legal» y que, aunque cree un «vínculo suplementario de índole religiosa o moral», no es la promesa de juramento lo que crea el deber de sujeción a la Constitución, recogido en el artículo 9 de la propia norma fundamental. Tampoco se puede entender que ceremonias como la que protagonizó ayer Torra sean algo más que un acto protocolario.

Esa es la razón por la que en 2016 el Gobierno no impugnó la toma de posesión de Puigdemont. Sí anunció que pediría un informe a la Abogacía del Estado para decidir al respecto, pero fue un mero gesto de cara la galería porque siempre tuvo claro que no habría mucho que hacer. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, lo admitió también hoy. «Me consta que el Ministerio de Justicia está mirando a ver si puede haber algún tipo de resquicio o no -dijo- pero es un tema complicado porque hay varias sentencias ya».

Maillo recogió el guante de Sánchez, pero evitó generar expectativas. Simplemente, señaló que «quizá en el futuro» haya que «acordar entre todos» cómo hacer las tomas de posesión. El líder de Ciudadanos, por su parte, puso el acento en otra reforma legal y pidió a Mariano Rajoy que apoye su propuesta para impedir que quien esté procesado judicialmente pueda concurrir a unos comicios.

 

Fotos

Vídeos