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El Rey Felipe VI, el presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa (i), y el expresidente del gobierno Felipe González (c), durante la fotografía de familia en el Congreso Mundial de Derecho que se celebra en Madrid. Javier Lizón (Efe)

El Rey avisa a los independentistas de que sin respeto a la ley no hay democracia

Felipe VI lanza en medio del juicio del 'procés' su más duro alegato contra la operación secesionista desde el discurso del 3 de octubre

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Miércoles, 20 de febrero 2019, 14:07

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Hace una semana, el presidente de la Generalitat defendió que el derecho de autodeterminación y el ejercicio de la democracia están por encima de cualquier precepto legal. El Rey respondió este miércoles que es «inadmisible» semejante planteamiento porque no se puede «apelar a una supuesta democracia por encima del derecho». Felipe VI argumentó que «sin respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad». Fue el discurso más contundente del jefe del Estado contra el proceso soberanista desde el que pronunció el 3 de octubre de 2017, con la particularidad de que este coincide con la celebración en el Supremo del juicio a los líderes del 'procés'.

 No es usual que el jefe del Estado haga discursos tan rotundos porque sus funciones de arbitraje y su neutralidad como más alto representante del Estado obligan a intervenciones muy medidas. Pero ante la Asociación Mundial de Juristas, que reunió a 2.000 expertos de todo el mundo en el Teatro Real de Madrid, sostuvo que «la defensa de la democracia» es indisociable de «la defensa del Estado de Derecho». «Sin democracia -añadió- el derecho no sería legítimo, pero sin derecho la democracia no sería real ni efectiva». Y apostilló: «Sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia».

Felipe VI, que recibió de la asociación de juristas el Premio Mundial de la Paz y la Libertad, defendió ante los juristas que «el derecho no puede hacerlo todo, pero también es cierto que sin derecho no puede hacerse nada que sea legítimo, duradero, racional y seguro». El discurso y la entrega del galardón merecieron una fuerte ovación con vivas al Rey y a España de los asistentes al foro, pero también de los representantes políticos presentes en el acto, entre ellos el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa; la ministra de Justicia, Dolores Delgado; la presidenta del Congreso, Ana Pastor; del Senado, Pío García-Escudero; la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; el líder de Ciudadanos, Albert Rivera; el de Vox, Santiago Abascal; el expresidente Felipe González; y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Las palabras del Rey en sí mismas tuvieron una fuerte carga constitucional, pero cobraron especial relevancia por el momento, en pleno juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo. Los seis acusados que han declarado hasta ahora han utilizado como argumento central en su defensa que el principio democrático emanado del Parlamento de Cataluña está por encima de la legalidad española, y en él se ampararon para convocar el referéndum del 1 de octubre y la declaración de independencia del 27 de octubre. El mismo presidente de la Generalitat, Quim Torra, afirmó hace justo una semana que «la democracia está por encima de cualquier ley».

Recibimiento

La intervención de Felipe VI ante los juristas recibió el reproche del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, quien señaló en Twitter: «Franco respetó la ley cuando nombró a Juan Carlos I como sucesor. Por eso su hijo muestra esta obsesión por confundir la ley con la democracia (que por otro lado no es una confusión inocente)». También el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, señaló por esa misma vía: «Lo que es inadmisible es el Estado utilizando los tribunales contra la voluntad democrática de la ciudadanía».

Felipe VI se desplazará a Barcelona este domingo para inaugurar el World Mobile Congress. Su presencia tenía asegurada una fría acogida de las autoridades catalanas, pero que tras sus palabras de este miércoles puede convertirse en gélida. Ni Torra ni ningún miembro del Govern ni la alcaldesa de Barcelona iban a participar en el protocolario saludo oficial al Rey, y solo estaban dispuestos a intercambiarlo por cortesía en la cena de los organizadores del congreso.

La relación de la Generalitat con la Corona desde aquel discurso del 3 de octubre se deterioraron como nunca. Torra, incluso, anunció el pasado verano «la ruptura de relaciones» con la Monarquía, una decisión que implica que el Gobierno de Cataluña no invitará al Rey ni a ningún miembro de su familia a acto oficial alguno y el presidente de la Generalitat y sus consejeros tampoco asistirán a los que convoque la Zarzuela.

En octubre pasado, hubo una vuelta de tuerca más con la resolución del Parlamento de Cataluña, con el voto de las fuerzas independentistas, que pedía la abolición de la Monarquía y «condenó» la posición del Rey en el referéndum del 1 de octubre. Una declaración que el Gobierno de Pedro Sánchez recurrió al Tribunal Constitucional a pesar del dictamen en contra del Consejo de Estado, que no apreció efectos jurídicos en una resolución de naturaleza política.

Torrent replica que es inadmisible usar los tribunales contra la voluntad ciudadana

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha replicado este miércoles al Rey que es inadmisible utilizar «los tribunales contra la voluntad democrática de la ciudadanía» en un apunte en Twitter, después de que el monarca apelara al cumplimiento de las leyes en un discurso.

Al recibir el Premio Mundial de Paz y Libertad (World Peace and Liberty Award) que concede la Asociación Mundial de Juristas, el monarca ha subrayado que «es inadmisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho».

También ha afirmado que sin respeto a la ley no hay «convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad».

«Que no hay libertad sin leyes se ha sabido siempre, así como que sin leyes no puede haber democracia», ha dicho Felipe VI.

Torrent ha contestado a través de la red social que «lo que es inadmisible es el Estado utilizando los tribunales contra la voluntad democrática de la ciudadanía».

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