RESTAURAR EL ORDEN CONSTITUCIONAL

Haciendo por ahora abstracción de causas, errores y responsabilidades por las que hemos llegado hasta aquí, lo cierto es que las instituciones catalanas han dado ya más que sobradas muestras de incumplimiento de obligaciones legales y constitucionales, generando una profunda crisis que se ha convertido en gravísima amenaza para la integridad territorial y los intereses generales de España. Especialmente están amenazados los derechos de todas las personas que conviven en Cataluña desde hace décadas en paz y libertad y con firmes lazos con el conjunto de España, entre las que se encuentran aquellas que no comulgan con el nacionalismo radical y están sufriendo, más allá de una tensión insoportable, el acoso y la exclusión por no plegarse al independentismo.

Ante esta situación de verdadera insurgencia y ante el rechazo de la búsqueda de soluciones dentro del marco legal, fruto del diálogo y del compromiso, llegará un momento -si no se rectifica a tiempo- en el que el Estado no dispondrá ya de más opciones que actuar con determinación y firmeza si la declaración unilateral de independencia llega a producirse, ahora o «en diferido», activando todos los mecanismos constitucionales y legales disponibles, enteramente homologables con los previstos en el constitucionalismo comparado, entre ellos el famoso artículo 155.

Si se llegara a este punto (¡ojalá no!), las formaciones políticas que observan las reglas más elementales del constitucionalismo tendrían la obligación de estar con el Estado en defensa de la Constitución y la democracia. El objetivo sería restaurar el orden constitucional quebrantado, de forma eficaz y proporcional, para instaurar un periodo necesario de vuelta a la normalidad institucional y social en Cataluña. Inmediatamente después sería imperativo abrir un periodo de diálogo sobre las reformas que necesita nuestro país en el orden de la organización territorial. Un diálogo sincero, franco y, en mi opinión, sin intermediarios, que debería llevarse a cabo en el seno de la representación popular y territorial, esto es, en las Cortes Generales. Un diálogo dirigido a alcanzar acuerdos y compromisos para superar esa gran asignatura pendiente de nuestra historia constitucional, recurrentemente abierta en canal, sobre la que nunca, ni en 1873, ni en 1931 ni tampoco en 1978 se consiguió fraguar una clara voluntad constituyente sobre un modelo definido de convivencia en el que toda la ciudadanía de los territorios que integran nuestra rica y plural España pudiera sentirse apreciada y amparada en su respectivo autogobierno con sus singularidades. Un diálogo que conduciría primero a una reforma constitucional que tendría que ser refrendada por todos los españoles; y, después, a las necesarias reformas de los estatutos de autonomía que, a su vez, tanto en Cataluña como en otras comunidades, conllevaría el referéndum en el que se pronunciaría su correspondiente ciudadanía. Algo mucho más complejo, democrático y participativo que fiarlo todo a un único referéndum de decisión binaria, sobre los que ya estamos bien advertidos. Tras estos procesos se abrirían lógicamente otros escenarios políticos que, dependiendo de su éxito o fracaso, generarían otras dinámicas sobre las que ahora resultaría improcedente especular. Pero de este modo estaría bien encauzada la cuestión.