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M. SÁIZ-PARDO
Lunes, 14 de agosto 2017, 00:10
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madrid. El Ministerio de Interior se está volcando en las expulsiones sumarias de los yihadistas en cuanto abandonan la cárcel porque, entre otras cosas, está constatando que sus planes para rehabilitar a estos presos mientras están en prisión no están funcionando.
El 25 de octubre del pasado año, Instituciones Penitenciarias puso en marcha el 'Programa de Intervención y Tratamiento de Procesos de Radicalización Religiosa', que, entre otras medidas, facilitaba la entrada en los centros de «imanes moderados» para alejar a los islamistas de las interpretaciones más radicales.
Varios funcionarios fueron formados para este programa, sobre todo en las cárceles de Burgos y Soto del Real, donde se concentran buena parte de los 270 presos por yihadismo (condenados y preventivos) de España.
El objetivo del programa era «contrarrestar las actitudes radicales que pudiesen favorecer la germinación de comportamientos potencialmente peligrosos que trasciendan la mera estancia en prisión». Pero los propios técnicos, según reconocen responsables del plan, están constando que este proceso de 'desradicalización' es inviable a corto plazo. Los expertos apuntan a que la gran mayoría de los presos es «inmune» a la «contra narrativa» y que se necesitan entre siete y diez años para conseguir «cierta desvinculación», algo imposible en los casos de captadores o proselitistas que como máximo son condenados a cinco años.
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