El plan de acercamiento de presos se topa con tres sanguinarios jefes de ETA

Sánchez usará el modelo que diseñó en febrero el Gobierno de Rajoy para mover ancianos, enfermos, segundos grados y penados leves

MELCHOR SÁIZ-PARDO MADRID.

Presos enfermos y reclusos con más de 70 años. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se aventuró ayer en los pasillos del Congreso a fijar los parámetros que empleará el Ministerio del Interior para abordar el acercamiento de presos de ETA. Sin embargo, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se apresuró luego a precisar que el traslado de internos de la de banda no se realizará de forma colectiva, sino de manera individualizada, teniendo en cuenta las circunstancias de cada uno de los reclusos y que, además de su edad y estado de salud, se tendrán en cuenta otros muchos factores personales.

Según los registros de Instituciones Penitenciarias, son menos de una veintena los internos de ETA que padecen enfermedades más o menos graves (aunque siempre tratables dentro de prisión) y solo tres los septuagenarios. Así las cosas, no se trataría de un movimiento de gran calado en un colectivo cercano a los 230 internos en España.

Pero las palabras de Sánchez provocaron cierta sorpresa entre los técnicos penitenciarios encargados de evaluar, a través de las juntas de tratamiento, los posibles traslados. Sobre todo, porque hay tres jefes de ETA de cruento historial que sin el análisis pormenorizado de su historial podrían entrar dentro de los criterios generales de acercamientos anunciados por Sánchez y que enseguida fueron matizados por Interior. Tres nombres, reconocen desde altas instancias del Gobierno, que podrían provocar una fuerte reacción de las víctimas y que por ello no entrarían en la lista de 'trasladables'.

Entre los enfermos, según los datos de Instituciones Penitenciarias, está José Arizkuren Ruiz, 'Kantauri', recluso en Murcia II y aquejado de una ya diagnosticada cardiopatía isquémica grave. 'Kantauri' fue jefe del aparato militar de ETA entre 1993 y 1999 y ha sido condenado por más de 20 asesinatos y decenas de heridos.

Entre los mayores de 70 años hay dos activistas que, a priori, también provocarían graves problemas al Gobierno por la previsible reacción social. El primero es Joseba Arregi Erostarbe, 'Fiti', de 72 años y que lleva 26 entre rejas. Actualmente está preso en Villena (Alicante). Condenado a más de mil años de cárcel por varios atentados, formó, junto a Francisco Mujika Garmendia 'Pakito' y José Luis Álvarez Santa Cristina 'Txelis', el colectivo 'Artapalo', la cúpula de ETA que fue detenida en marzo de 1992 en Bidart.

Salida inminente

La tercera piedra en los planes de Pedro Sánchez es Santiago Arrospide Sarasola, 'Santi Potros', de 70 años, 31 de ellos en prisión. Actualmente en la cárcel salmantina de Topas, de la que debería salir este mismo verano, tiene a sus espaldas 3.100 años de condena, entre ellas las de ser inductor de los atentados de Hipercor en Barcelona y de la plaza de la República Dominicana en Madrid.

Marlaska en el Congreso, y posteriormente su equipo, precisaron que la edad avanzada, estado de salud y también el repudio a ETA «se van a evaluar» y «son requisitos más que razonables para tenerlos en cuenta», como también lo será «la pena cumplida» hasta ahora. En cualquier caso, reiteró el ministro, será la junta de tratamiento de cada centro y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias las que evaluarán todas las circunstancias de cada interno y las que después establecerán los requisitos «necesarios e imprescindibles» para realizar ese tratamiento «individualizado». En esa línea, el ministro dejó claro que no habrá traslados colectivos, como hiciera el Gobierno de Aznar entre 1996 y 1998.

Marlaska no quiso ser explícito en cuanto a fechas y plazos de los futuros movimientos. «Será cuando las circunstancias personales de cada preso, su resocialización y su sometimiento a la legislación penitenciaria (...) establezcan que es adecuado su traslado». «Serán traslados concretos, nada de traslados colectivos como ocurrieron en otra fecha», insistió el ministro.

La idea de Interior, según explicaron ayer responsables del departamento, es usar como base para estos acercamientos «individualizados» el censo encargado el pasado 23 de febrero por el anterior equipo de Juan Ignacio Zoido como paso previo a ciertos movimientos que nunca llegaron a realizarse. Ese estudio recogía datos personales de los internos de la banda terrorista que se encuentran en segundo grado y sus progresos en la reinserción, así como de la situación de los reclusos enfermos.

De esos ficheros se extraerán los candidatos a los traslados, entre los que se primarán a los que no tengan delitos de sangre y a los reclusos con penas cortas, lo que excluiría, a priori, a los tres jefes de ETA.

 

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