Multa de 25 millones al gran empresario del carbón por destruir un yacimiento arqueológico

La sentencia, declarada ahora firme, estima de forma parcial el recurso de Alonso y rebaja en medio años de prisión la condena que le impuso en noviembre de 2016 el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de la capital oscense. Para ello, la Audiencia Provincial aprecia una atenuante de dilación indebida en la instrucción de la causa.

Los magistrados, eso sí, confirmaron el resto de la sentencia dictada por el tribunal de primera instancia, tanto en relación con los hechos como con los argumentos en que se basó el juzgador para condenar al acusado por un delito contra el patrimonio arqueológico.

La sentencia confirma que el gran empresario del carbón estuvo vinculado a la sociedad que gestionaba el coto de caza vallado donde se encontraba el yacimiento, en una cueva de 3.300 metros cuadrados en el término municipal de Bastarás (Huesca).

Señala que le dio la orden para entrar con una excavadora de gran tonelaje en el interior de la cueva para realizar unos trabajos: vaciado de las losas y el sedimento con el fin de nivelar el suelo y colocar abrevaderos y comederos para la cría de cabras. Aprecia, además, que Alonso creó un entramado empresarial que no le vinculaba directamente a Fimbas, la sociedad que gestionaba el coto, y que era él quien realmente daba las órdenes, entre ellas la de destruir el yacimiento.

La Audiencia de Huesca también descarta el argumento de que el yacimiento no estuviera protegido legalmente por el Gobierno aragonés, que ejerció la acusación particular junto a las asociaciones Ecologista Onso y Acción para la Protección del Patrimonio de Aragón.

En relación con este punto se destaca que el enclave y otros de interés para el arte rupestre estaban declarados de interés cultural, además de estar considerados en su conjunto patrimonio mundial de la Unesco.

Considera este tribunal adecuada la indemnización por daños de 25,5 millones a tenor de los testimonios y valoraciones hechas por los peritos durante la vista. Según estos peritos, "el yacimiento era irrepetible e irremplazable, y el daño es irreparable e irrecuperable".

Una de estas peritos, destacan los magistrados, se sirvió del símil "el haber destruido la Cueva de Chaves significa a nivel neolítico haber destruido Barcelona", para resaltar la importancia del yacimiento para los investigadores, que cubría 110 metros cuadrados de la cueva,

La Audiencia condenó al empresario a dos años de prisión y a satisfacer la indemnización referida, de cuyo pago hace responsable subsidiario a la sociedad Fimbas como responsable de la gestión del coto. En opinión del letrado de la asociación ecologista, Pablo Malo, la sentencia "abre una espita muy importante para la protección a nivel judicial del patrimonio arqueológico español".