El juez procesa a los tres encarcelados por integrar la célula que atentó el 17-A

La Guardia Civil traslada al juzgado a Mohamed Houli Chemla. :: efe/
La Guardia Civil traslada al juzgado a Mohamed Houli Chemla. :: efe

El magistrado Andreu acusa además a Mohamed Houli y a Driss Oukabir de un delito de fabricación y tenencia de explosivo

MATEO BALÍN

MADRID. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu acordó ayer el procesamiento de los tres miembros de la célula yihadista que cometió los atentados del 17-A. El magistrado procesa a Mohamed Houli Chmelal y Driss Oukabir por integración en organización terrorista, delito de fabricación, tenencia y depósito de explosivos y delito de estragos en grado de tentativa. Respecto a Said Ben Iazza, el juez le procesa unicamente por colaboración con organización terrorista. Considera que los tres formaban parte de un grupo radicalizado cuyo objetivo era «llevar a cabo atentados contra los considerados sus enemigos, es decir, el mundo occidental».

En su auto el juez explica que los tres procesados, junto con los otros siete presuntos terroristas que resultaron muertos en Cambrils, Alcanar y Subirats, constituyeron un grupo terrorista a partir de 2015. Eran jóvenes de origen marroquí, residentes en la localidad gerundense de Ripoll y bajo la dirección espiritual del imán Abdelbaki Es Satty, que se conjuraron, según relata el juez, «para realizar uno o varios atentados de grandes dimensiones, mediante el uso de artefactos explosivos, a fin de coadyuvar a la estrategia terrorista de Daesh». Se conocían desde niños y poco a poco fueron conformando un grupo estructurado en el que el imán, también fallecido en la explosión de Alcanar, les adoctrinaría en el yihadismo radical.

El auto describe toda la evolución llevada a cabo por el grupo desde 2015 hasta 2017, cuando unos tres meses antes de los atentados de Barcelona y Cambrils, se convirtieron en un grupo cerrado, que ya comenzó adquirir material y a fabricar explosivos «al cual prácticamente ya nadie más tuvo acceso, y les alejó de las personas (incluso de los familiares) que les rodeaban ante esta nueva etapa que iniciaban. La vida de cada uno de ellos pasó a desarrollarse exclusivamente junto a la de sus compañeros de grupo, compartiendo vivienda, comidas, viajes y por ende, participando en la fabricación de los explosivos o bien colaborando en la planificación de los atentados» .

Objetivos terroristas

Dentro de esa progresiva radicalización, el juez relata que ya en 2016, dos de los terroristas fallecidos dijeron a los demás miembros del grupo que querían derrumbar con explosivos la Sagrada Familia. Todos los presentes, según detalla el auto «aceptarían dicha propuesta, impulsada por el extremismo religioso implantado por el imán Es Satty».Al referirse a Houli Chemlal, único superviviente en la explosión de Alcanar, el magistrado recuerda el vídeo que apareció entre los escombros de la vivienda, grabado por él y en el que aparecían varios miembros de la célula fabricando los explosivos y anunciando un próximo atentado, así como numerosas fotografías de «lugares susceptibles de ser objetivos de atentados (Port Aventura) Plaza Cataluña (Barcelona), la Torre Eiffel (París), Toulose (Francia) Torre Agbar (Barcelona), el Santiago Bernabeu y el Camp Nou o el Museo Thyssen». El auto también incluye las búsquedas muy repetidas en internet de diversas localizaciones geográficas y atentados yihadistas contemporáneos. El juez destaca así las 125 búsquedas realizadas sobre la Audiencia Nacional, las 106 búsquedas sobre «la tomatina» de Buñol, 219 sobre el Embalse de Riudecanyes y 104 sobre la Alhambra de Granada. El juez hace constar la magnitud de los explosivos que se almacenaban en la casa de Alcanar, que podría oscilar entre 200 a 500 kilogramos, además de 19 artefactos y una faja bomba. El magistrado añade las 104 bombonas de butano y propano encontradas en la vivienda, con las que los terroristas pretendían «amplificar el efecto del explosivo». El magistrado se basa en los informes de los especialistas para concluir que «tal cantidad de material para la confección de explosivos y de tal potencia destructiva (...) hubiera provocado unos daños de enormes dimensiones». Los teléfonos móviles utilizados por los tres procesados han sido determinantes para vincularles a los terroristas fallecidos y a los lugares investigados. Así, en el caso del procesado por colaborar con el grupo, Said Ben Iazza, el juez recuerda que los móviles le sitúan en la vivienda de Alcanar y por un tiempo suficiente como para no ser ajeno a la actividad de la célula. El delito de integración en organización terrorista prevé una pena entre 6 y 14 años de prisión. El de fabricación y tenencia de explosivos entre 8 y 15 años y el de estragos, en grado de tentativa, de 10 a 15 años. El delito de colaboración con organización terrorista está sancionado con penas que oscilan de los 5 a los 10 años de prisión.

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