Los jueces, actores principales a regañadientes

El magistrado emérito del Supremo Joaquín Jiménez ha subrayado que los jueces «no son los vicarios» del Gobierno ni de los partidos porque en Cataluña se dirime una controversia política que debe tener una resolución política. Advertencia que ya hizo en su día, sin mucho éxito, el Tribunal Constitucional.

Pero sentado este principio, el Supremo tiene en sus manos una compleja papeleta que no puede rehuir. Ya se demostró durante la campaña, en la que el magistrado Pablo Llarena mantuvo en prisión a tres candidatos independentistas y firmó una orden de captura contra otros cinco, entre ellos Puigdemont. Una situación que benefició al soberanismo, pues fortaleció su discurso victimista, y condenó al constitucionalismo al papel de justiciero. Un resultado del que los jueces no se sienten responsables porque, como han avisado tantas veces, sus tiempos no son los de los políticos.

El escenario judicial es, por tanto, otra de las incógnitas. Aunque una podrá despejarse este jueves con la decisión de la Sala de lo Penal del Supremo ante el recurso planteado por Junqueras contra su encarcelamiento. Llarena a su vez tendrá que resolver el 11 de enero la situación del exconsejero Joaquim Forn y los 'Jordis'.

Pero también puede ahondar la crisis si amplía, como parece que va a hacer, el número de investigados por rebelión y sedición, y las probables órdenes de prisión. Unas decisiones que envenenarían más de lo que ya está el escenario, pero ante las que no cabe contraponer la lógica política por más que los independentistas liguen las decisiones de los tribunales a la voluntad gubernamental.