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MELCHOR SÁIZ-PARDO
Miércoles, 22 de noviembre 2017, 00:52
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Madrid. PSOE, Unidos Podemos, el Consejo General de la Abogacía, la Junta de Andalucía, Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario de prisiones ACAIP, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, decenas de ONG... El internamiento en la cárcel de la localidad malagueña de Archidona de 464 inmigrantes llegados en patera en los últimos días a la costa murciana provocó una reacción de rechazo desconocida desde hace años en el mundo de la extranjería española. Y todo, a pesar de contar con el visto bueno de los siete jueces que tramitan sus órdenes de expulsión y a los que, según diversas fuentes, el Ministerio del Interior les habría garantizado que existía un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en esa localidad malagueña, tal y como recogen los propios autos.
La legislación en vigor es tajante al prohibir que los extranjeros 'sin papeles' sean internados en cárceles por la violación de la ley de extranjería, ya que están acusados de una falta administrativa y no de un delito. Todo el corpus legislativo coincide en que el internamiento de los irregulares nunca podrá ser en un centro de «carácter penitenciario» y que los extranjeros internados en ellos «estarán privados únicamente del derecho ambulatorio».
Las instalaciones de Archidona son oficialmente una cárcel, según el BOE. La orden INT/247/2017 publicada en el boletín el pasado 18 de marzo oficialmente la creación del «Centro Penitenciario de Málaga II, en Archidona». Sin embargo, el Ministerio del Interior sostiene que las instalaciones malagueñas no son una prisión porque no ha sido inaugurada y en sus propios comunicados habla de «habitaciones» y no de celdas. Ayer el titular del departamento, Juan Ignacio Zoido, defendió esta tesis 'no carcelaria', a pesar de que el Defensor del Pueblo le avisó de que andará muy vigilante.
«El sistema ha colapsado y en lugar de campamentos que pudiéramos montar hemos optado porque esas personas estén en un sitio con calefacción o duchas», dijo el ministro en una entrevista en Onda Cero, en la que insistió en que Archidona todavía no es una prisión, porque «no tiene ni personal penitenciario aún ni el régimen de una cárcel». Zoido insistió en que este establecimiento ha sido habilitado como CIE provisional porque cuenta con nuevas tecnologías, enfermería, camas suficientes, calefacción o lugares de esparcimiento y ocio.
Lo que no tiene es personal policial que lo vigile. El Ministerio del Interior pidió ayer urgentemente 52 agentes del Cuerpo Nacional de Policía dispuestos a ir a Archidona en comisión de servicios.
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