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Tumba de Francisco Franco, en el Valle de los Caídos. Reuters

El Gobierno sigue sin noticias de la familia Franco

El prior del Valle de los Caídos anuncia que acatará el dictamen del Supremo, pero no lo que decida el Ejecutivo

AGENCIAS

Madrid

Jueves, 21 de febrero 2019, 14:59

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La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha confirmado que la familia Franco aún no se ha puesto en contacto con el Gobierno para comunicar en qué lugar quieren que sean inhumados los restos del dictador Francisco Franco, pero recuerda que «aún hay tiempo» para que lo hagan, porque están dentro del plazo de 15 días que dio el Ejecutivo el pasado 15 de febrero.

Después de presentar el programa de actos para el 80 aniversario de los exiliados en la Guerra Civil, Delgado ha insistido en que «hay que esperar» a que acabe el plazo para «determinar cuál es el espacio elegido para la familia para la reinhumación de los restos».

Respecto al recurso que quieren presentar los familiares del general en el Tribunal Supremo, la ministra de Justicia ha preferido no adelantarse «a los actos». «Una vez que transcurran, veremos a ver qué pasa, si recurren inmediatamente si no recurren inmediatamente.. Es un poco adelantarnos, vamos paso a paso«, ha insistido. »En el caso de que no haya unanimidad, o en el caso de que haya silencio, el Gobierno tiene que tomar la decisión de donde se produce esa reinhumación. Vamos a esperar los tiempos«, ha dicho Delgado, recordando las declaraciones que hizo en el pasado Consejo de Ministros.

Preguntada por la carta del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, donde afirma que la Iglesia «no se opone a la exhumación de los restos mortales del general Franco, si la Autoridad competente así lo dispone, Delgado ha respaldado las declaraciones en las que Parolin «reconoce la autoridad civil».

Si al Supremo

En este sentido, el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, respetará la decisión del Tribunal Supremo sobre la exhumación del dictador Francisco Franco, y no la del Gobierno, han confirmado a Efe fuentes de la congregación. «La autoridad competente es la autoridad judicial y no el poder ejecutivo«, han remarcado las mismas fuentes.

Los clérigos se pronuncian así un día después de la carta del cardenalo Parolin. No obstante, estas mismas fuentes apuntan que respetarán la «decisión del órgano judicial competente», el Supremo, si «así lo dispone».

Sobre la misiva del Vaticano, critican que el Gobierno ha realizado una «interpretación parcial» en la que se cita «solo una parte del texto». Sin embargo, estas fuentes han asegurado que, en el caso de que el proceso judicial permita al Ejecutivo la exhumación de los restos del dictador, Cantera no pondrá impedimentos para llevarla a cabo.

Por su parte, La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC) ha pedido al Gobierno que publique «íntegro en toda su literalidad« el contenido de la carta del Vaticano sobre la exhumación del dictador Francisco Franco para evitar las interpretaciones »torticeras e interesadas«.

Por medio de sendos comunicados, la ADVC y la Fundación Nacional Francisco Franco han coincidido en que quienes, basados en la carta del secretario de Estado del Vaticano, aseguran que el Vaticano apoya la exhumación hacen una «interpretación torticera y desde luego interesada«. »Lo que dice el Vaticano es que no se opone a la exhumación«, ha subrayado la ADVC.

Por ello, la asociación ha pedido a sus «socios y simpatizantes» que mantengan la «cordura, la calma y la inteligencia« ya que la interpretación de la voluntad del Vaticano que se está difundiendo »no es más que un 'globo sonda'« para valorar reacciones por parte de todos nosotros». Según la ADVC el texto de la carta del Vaticano al Gobierno, «hace especial hincapié en varios de sus párrafos» en que quien debe decidir es la «autoridad competente», que «no es otro que el Tribunal Supremo», subraya.

También la Fundación Nacional Francisco Franco ha calificado de «manipulación que alcanza límites insospechados« la interpretación de la carta de Parolin. Por ello, la FNFF confía que sea la Justicia la que, »con el estudio racional y sosegado de todo el proceso que ha desarrollado el Gobierno dictamine en su día su resolución conforme a derecho y no a intenciones políticas«, ha subrayado.

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