El Gobierno de Pedro Sánchez recurre la Ley de Caza de García-Page

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez./EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / EFE

El presidente castellano-manchego también teme otro recurso a la Ley contra la Violencia de Género

J.V. MUÑOZ-LACUNAToledo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ordenado a la Abogacía del Estado recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Caza de Castilla-La Mancha aprobada por el Ejecutivo del también socialista Emiliano García-Page. En concreto, el recurso se presentará contra un artículo de esta ley por presunta invasión de competencias al Estado. Este artículo especifica que «la responsabilidad de la indemnización por daños agrícolas, forestales o ganaderos producidos por especies cinegéticas provenientes de zonas de seguridad motivadas por la existencia de autopistas, autovías, líneas férreas o infraestructuras hidráulicas, son del titular de la infraestructura que también será el responsable de controlar en la zona de seguridad las especies cinegéticas que provoquen este tipo de daños».

Este recurso contra esta ley aprobada en marzo de 2018 se materializa después de que el presidente castellano-manchego criticara las declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en las que afirmaba ser favorable a prohibir la caza.

«El recurso tiene que ver con un aspecto técnico relacionado con las infraestructuras del Estado», declaró este jueves Emiliano García-Page, que también anunció una «macrocampaña de información» sobre la importancia del sector cinegético en esta comunidad. Según el Ejecutivo castellano-manchego, no es comprensible este recurso ya que el polémico artículo está copiado de la Ley de Caza de Aragón de 2015 que, sin embargo, no se ha recurrido.

García-Page también avanzó este jueves que teme otro recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Pedro Sánchez a la Ley contra la Violencia de Género de Castilla-La Mancha «porque hay algunos letrados del Estado que piensan que protegemos más de lo que permiten las competencias autonómicas a las mujeres aunque el Gobierno de España y el de Castilla-La Mancha piensan de la misma forma y no hay una discusión de fondo ideológica».