El Gobierno entra en fase de resistencia

Ese escenario, en todo caso, se presenta lejano. A día de hoy todas las propuestas de modificación en esta materia se encuentran en fase de enmiendas con continuas prórrogas en el Congreso. A nivel político lo que sí aprobó la Cámara el 13 de diciembre de 2016 fue la proposición no de ley del PSOE que plantea la derogación de la reforma laboral y la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Los socialistas obtuvieron el respaldo de Podemos, Esquerra y el PNV. Ciudadanos, en cambio, se abstuvo en la votación.

En el PP confían en que su socio de investidura, que presiona en asuntos como la ley de seguridad ciudadana o incluso la prisión permanente revisable, no ponga en peligro la gestión económica ni ataque los instrumentos de los que se dotó Rajoy en la primera legislatura, la de la mayoría absoluta, para afrontar la crisis. Del mismo modo, esperan que la tensiones no lleguen a romper la cuerda entre el Gobierno y Ciudadanos para sacar adelante o bien los Presupuestos de 2018 o los de 2019. En definitiva, que todo es asumible salvo aquello que dinamite la estabilidad del actual mandato.

Poder actualizar las cuentas de este año, lo que en buena medida depende de que el PNV acepte negociarlas, no es estrictamente necesario, pero sí deseable para el Ejecutivo. Sería oxígeno, una muestra de capacidad de seguir gestionando cuando se ha instalado la idea de que Ciudadanos muerde el espacio electoral del PP y que al Gobierno se le multiplican los frentes.

Pensionistas en pie de guerra

El de los últimos días inquieta especialmente en el partido conservador. Las protestas de los pensionistas han encendido las alarmas en las salas de mandos de la calle Génova y la Moncloa. La reivindicación ha logrado abrirse paso en la agenda pública con la misma intensidad que Cataluña o la corrupción. Y buena parte de la base electoral del PP procede de franjas de edad próximas a la jubilación o que ya han pasado al retiro laboral.

En concreto, en los comicios generales del 26 de junio de 2016, el 36,1% de los mayores de 65 años apostaron por Rajoy. A día de hoy, también según el Centro de Investigaciones Sociológicas, esa cifra habría descendido al 28,8%. Los últimos barómetros de intención de voto recogen que Ciudadanos empieza a convencer en ese sector de la población, aunque sigue estando a 18 puntos del PP. Donde realmente acorta distancias es entre los electores de 55 a 64 años. Y desde octubre supera a los populares en todas las franjas inferiores a los 54 años.

Fuentes del partido conservador advierten del riesgo de perder a los votantes más veteranos cuando el PP apenas resulta atractivo para la población joven. No en vano el Gobierno ha decidido redoblar sus esfuerzos para explicar la realidad del sistema de pensiones. Rajoy anunció el jueves que comparecerá en un pleno monográfico en el Congreso. Y en el Ejecutivo aseguran que el presidente se siente «cómodo» en este terreno. Está convencido de que cuenta con una ventaja sobre el PSOE, que tuvo que congelar los pagos a los mayores y no puede, dicen, sacar pecho.

Baronías

En las organizaciones territoriales también han comenzado a coordinarse para entrar en contacto con los pensionistas y sellar posibles fugas. En lugares como la Comunidad Valenciana se plantean emprender una ruta para explicar la gestión del Gobierno en asociaciones de jubilados o centros de mayores. Y varios cargos autonómicos del PP coinciden en que sería conveniente alguna medida extra en este campo que ayude a reconectar. Ellos son los siguientes en someterse al examen de las urnas en 2019.

Entienden, de todas formas, que el margen del Gobierno para atender las crecientes demandas de cada vez más colectivos es limitado, y aseguran tener en cuenta los esfuerzos. Los responsables regionales del partido trasladaron el 12 de febrero a Cristóbal Montoro la necesidad de «abrir el grifo» para poder financiar los servicios públicos básicos. Ahora celebran que el ministro de Hacienda haya accedido a que los ayuntamientos usen los 5.000 millones de superávit de 2017. Y, del mismo modo, valoran el acuerdo para equiparar el sueldo de la Policía y la Guardia Civil al de los Mossos d'Esquadra.

«El Gobierno tiene que actuar con agilidad en temas esenciales para nuestro electorado, porque si no, afectará a la marca PP», avisan fuentes de la formación. En todo caso, comparten con el Ejecutivo la dificultad de anticiparse a la oposición cuando el Congreso amenaza con convertirse en un «todos contra uno».