El Gobierno critica que PP y Cs se «arroguen el derecho» de presidir la Junta de Andalucia

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. / EFE

Celaá censura además que estén dispuestos a gobernar con Vox y defiende la legitimidad de Susana Díaz como líder de la fuerza más votada

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERASMadrid

El Gobierno rompió este viernes una de las máximas que han guiado siempre las comparecencias posteriores al Consejo de Ministros, la de que los asuntos de partido se dejan al partido. Ni siquiera hizo falta una pregunta. La ministra portavoz, Isabel Celaá, se lanzó por sí sola hablar de los resultados de los comicios andaluces y cuestionó que el PP y Ciudadanos «se arroguen el derecho» a presidir la Junta de Andalucía y que, además, estén dispuestos a hacerlo con el apoyo de Vox.

Celaá argumentó que es Susana Díaz quien como «clara vencedora» de las elecciones está «legitimada» para formar Gobierno y que, dado que ninguna fuerza parlamentaria suma por sí sola los votos suficientes como para superar una investidura, tendría que pactar. Pero, sobre todo, defendió que es un imperativo democrático imponer un «cordón sanitario» en torno una formación como la que preside Santiago Abascal. «Tenemos una responsabilidad: evitar que Andalucía se convierta en la cuna de la ultraderecha», adujo.

El propio Pedro Sánchez lleva días argumentando que en ningún país europeo los partidos de la derecha han estado dispuestos a pactar con las emergentes fuerzas extremistas. La analogía no es válida para Austria ni, antes aún, para Italia, donde la conservadora Forza Italia selló una alianza con la ultraderechista Liga Norte, pero los socialistas tratan de disuadir a Ciudadanos para que no alcance un pacto que expulsaría al PSOE del ejecutivo andaluz después de 36 años y, en caso contrario, intentan presentar a Rivera como líder de una formación mucho menos centrada de lo que pretende hacer ver.

Rechaza que el intento de Sánchez de sustentarse en fuerzas independentistas sea comparable

El jefe del Ejecutivo lo admitió el jueves en una conversación informal durante la conmemoración de los 40 años de la Constitución en el Congreso; considera que lo que ha ocurrido en Andalucía es una oportunidad porque dejará a libre el «espacio de la moderación». Por eso, insistirá en mensajes como los que este viernes lanzó Celaá: «La irrupción de la extrema derecha y de sus propuestas son una clara amenaza para nuestro país en términos de políticas sociales. Vox ya ha entrado en las instituciones porque así lo han querido los votantes, pero ahora hay que tomar una determinación para la formación de gobierno».

Alianzas que penalizan

En el PSOE andaluz y en otras federaciones del partido no tienen tan clara la estrategia. Creen que los ciudadanos más moderados, y muchos de sus propios votantes, no han entendido bien que Sánchez se aliara con las fuerzas independentistas que hace apenas un año se pasaron por alto la Constitución, el Estatuto de Cataluña y los derechos de las minorías para tratar de forzar la secesión y que eso les penaliza. El líder socialista, además, siempre defendió su derecho a presentarse a la investidura pese a no ser el más votado y eso choca con la posición que ahora mantiene el Ejecutivo sobre Susana Díaz.

Celaá argumentó que la decisión del presidente del Gobierno de sustentarse en los partidos secesionistas no es comparable a una negociación con Vox porque PDeCAT y Esquerra apoyaron la moción de censura sin contrapartidas, solo para echar a Mariano Rajoy tras la sentencia del 'caso Gürtel', mientras que en una negociación para gobernar la Junta «habrá cesiones mutuas». También esgrimió que Sánchez ha buscado acuerdos con todas las fuerzas parlamentarias e incluso llegó a pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el PP, aunque luego todo saltara por los aires.

Y sobre la crítica a que la segunda y tercera fuerza de la Cámara andaluza pretendan gobernar, la portavoz del Ejecutivo adujo que son «otros» los que han cambiado de criterio, dado que los populares llevan años intentando que se imponga el principio de que gobierna el más votado, principio ajeno a la lógica parlamentaria española.

Casado y Rivera quieren sellar el acuerdo antes de Navidad

M. E. ALONSO | Madrid

El PP y Ciudadanos ya han encontrado su primer punto de encuentro para la formación de un Ejecutivo en Andalucía. Se trata de la fecha límite para alcanzar un acuerdo y que ambas formaciones fijan en el 27 de diciembre. Ese día se constituye el Parlamento autonómico y tanto Pablo Casado como Albert Rivera quieren tener cerrado para Navidad el pacto que garantice la alternancia en la Junta tras 36 años de monopolio socialista.

Con el reloj puesto en marcha, conservadores y liberales ultiman la primera reunión, que será a la vuelta del puente de la Constitución, tras la conversación telefónica que mantuvieron los respectivos secretarios generales, Teodoro García Egea y José Manuel Villegas, el pasado miércoles.

El PP acudirá a la cita dispuesto a sellar un «acuerdo global» con Ciudadanos, que incluya la Mesa del Parlamento y la investidura de Juan Manuel Moreno. Un pacto de «47 escaños» que apoyaría Vox desde fuera, ahora que ha dejado claro que no está en sus planes entrar en el Ejecutivo ni en el reparto de carteras. El partido naranja lo hará con la candidatura de Juan Marín bajo el brazo como único posible sucesor de Susana Díaz.

De momento, Rivera y su círculo no dan su brazo a torcer y sueñan con una Junta de Andalucía presidida por Ciudadanos con el apoyo del PP y la abstención del PSOE. Entienden que su candidato está legitimado pese a haber quedado en tercera posición por ser el partido que más crece y el único al que los andaluces «no le han quitado su apoyo» (los socialistas ganaron con catorce escaños menos que en 2015 y los populares quedaron en segundo lugar pese a perder siete). Tampoco tienen previsto entablar diálogo alguno con el partido de Santiago Abascal, salvo que sea imprescindible.

En las filas naranjas no esconden que la apuesta por Marín no pasa de ser un envite fuerte para abrir la negociación desde una posición rentable para cuando llegue el momento de aceptar que el presidente sea Moreno. A cambio, Ciudadanos podría exigir varios sillones del Ejecutivo, incluida la Vicepresidencia. Unas cesiones que ya contemplan en la dirección del PP, que estaría dispuesta además a ceder la Presidencia de la Cámara andaluza al equipo de Marín para que la operación fructifique. «Tiempo y discreción», pidió Casado durante los actos del 40 aniversario de la Constitución.

El presidente de los populares considera que hay muchas posibilidades de alcanzar el acuerdo con Ciudadanos, que tendría muy complicado explicar a sus votantes porqué no ha secundado el gran cambio andaluz. En ningún caso las dos formaciones abocarán a Andalucía a unas nuevas elecciones porque saben que una repetición podría otorgar al PSOE y a Adelante Andalucía la mayoría que ahora no tienen.

 

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