El Gobierno censura que PP y Ciudadanos «se arroguen el derecho» de gobernar Andalucía

Celaá censura además que estén dispuestos a pactar con Vox y defiende la legitimidad de Díaz como líder de la fuerza más votada

PAULA DE LAS HERAS MADRID.

El Gobierno rompió ayer una de las máximas que han guiado siempre las comparecencias posteriores al Consejo de Ministros, la de que los asuntos de partido se dejan al partido. Ni siquiera hizo falta una pregunta. La ministra portavoz, Isabel Celaá, se lanzó por sí sola hablar de los resultados de los comicios andaluces y cuestionó que el PP y Ciudadanos «se arroguen el derecho» a presidir la Junta de Andalucía y que, además, estén dispuestos a hacerlo con el apoyo de Vox, el partido de extrema derecha que el pasado domingo logró 12 de los 109 escaños del Parlamento autonómico.

Celaá argumentó que es Susana Díaz quien como «clara vencedora» de las elecciones está «legitimada» para formar Gobierno y que, dado que ninguna fuerza parlamentaria suma por sí sola los votos suficientes como para superar una investidura, tendría que pactar. Pero, sobre todo, defendió que es un imperativo democrático imponer un «cordón sanitario» en torno una formación como la que preside Santiago Abascal. «Tenemos una responsabilidad: evitar que Andalucía se convierta en la cuna de la ultraderecha», adujo.

El propio Pedro Sánchez lleva días argumentando que en ningún país europeo los partidos de la derecha han estado dispuestos a pactar con las emergentes fuerzas extremistas. La analogía no es válida para Austria ni, antes aún, para Italia, donde la conservadora Forza Italia selló una alianza con la ultraderechista Liga Norte, pero los socialistas tratan de disuadir a Ciudadanos para que no alcance un pacto que expulsaría al PSOE del ejecutivo andaluz después de 36 años y, en caso contrario, intentan presentar a Rivera como líder de una formación mucho menos centrada de lo que pretende hacer ver.

Rechaza que el intento de Sánchez de sustentarse en fuerzas independentistas sea comparable

El jefe del Ejecutivo lo admitió el jueves en una conversación informal durante la conmemoración de los 40 años de la Constitución en el Congreso que lo que ha ocurrido en Andalucía es una oportunidad porque dejará libre el «espacio de la moderación». Por eso, insistirá en mensajes como los que ayer lanzó Celaá: «La irrupción de la extrema derecha y de sus propuestas son una clara amenaza para nuestro país en términos de políticas sociales. Vox ya ha entrado en las instituciones porque así lo han querido los votantes, pero ahora hay que tomar una determinación para la formación de gobierno».

Alianzas que penalizan

En el PSOE andaluz y en otras federaciones del partido no tienen tan clara la estrategia. Creen que los ciudadanos más moderados, y muchos de sus propios votantes, no han entendido bien que Sánchez se aliara para llegar a la Moncloa con las fuerzas independentistas que hace apenas un año se pasaron por alto la Constitución, el Estatuto de Cataluña y los derechos de las minorías para tratar de forzar la secesión y que eso les penaliza. El líder socialista, además, siempre defendió su derecho a presentarse a la investidura pese a no ser el más votado y eso choca con la posición que ahora mantiene el Ejecutivo sobre Susana Díaz.

Celaá argumentó que la decisión del presidente del Gobierno de sustentarse en los partidos secesionistas no es comparable a una negociación con Vox porque PDeCAT y Esquerra apoyaron la moción de censura sin contrapartidas, solo para echar a Mariano Rajoy tras la sentencia del 'caso Gürtel', mientras que en una negociación para gobernar la Junta «habrá cesiones mutuas». También esgrimió que Sánchez ha buscado acuerdos con todas las fuerzas parlamentarias e incluso llegó a pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el PP, aunque luego todo saltara por los aires.

Y sobre la contradicción que supone que el Gobierno critique en el caso andaluz que la segunda y tercera fuerza de la Cámara andaluza pretendan gobernar, la portavoz del Ejecutivo adujo que son «otros» los que han cambiado de criterio, dado que los populares llevan años intentando que se imponga el principio de que gobierna el más votado, principio ajeno a la lógica parlamentaria española. El líder del PP, Pablo Casado, ya avisó, por otro lado, antes de las elecciones de que, ya que el resto de partidos no habían estado dispuestos a jugar conforme a esas reglas, él tampoco lo haría. «Sería -apuntó- competir con una mano a la espalda».

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