La Fiscalía ratifica las penas para Chaves y Griñán

Anticorrupción solicita 10 años de inhabilitación para el primero y seis de cárcel para el segundo en el juicio de los ERE

C. CUERDO

Sevilla. El futuro se complica para los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, para quienes la Fiscalía Anticorrupción ha decidido mantener su petición de condena en la denominada pieza política del caso de los ERE. El ministerio público entiende que no pusieron freno al sistema implantado en la administración para dar ayudas esquivando los controles de la Intervención, por lo que mantiene que cometieron delitos de prevaricación y, en el caso de Griñán, también de malversación en su puesto de consejero de Hacienda. Chaves se enfrenta a una pena de diez años de inhabilitación, y su sucesor, a seis de cárcel.

En las conclusiones finales, Anticorrupción sólo ha rebajado sus peticiones respecto al ex secretario general de Hacienda entre 2000 y 2004, Antonio Estepa, a quien retira la acusación, a una ex secretaria general técnica de la Consejería de Empleo y al exdirector de la agencia Idea Jacinto Cañete, para quienes ya no piden ocho sino seis años de cárcel por malversación.

En su intervención, los fiscales reiteraron que los 22 ex altos cargos procesados crearon e implantaron en la Junta de Andalucía un sistema, las transferencias de financiación al ente instrumental Instituto Andaluz de Fomento (IFA, más tarde Agencia Idea), para esquivar los controles de la Intervención General y tramitar ayudas sociolaborales o directas a empresas en crisis de manera arbitraria y opaca.

Muchos de los beneficiarios eran empresarios afines o cercanos a la órbita del PSOE, especialmente en Sevilla. Pese a las alertas lanzadas por el interventor general sobre su encaje, con esta fórmula se llegaron a repartir 855 millones de euros, aunque las defensas han insistido en que no hubo acuerdo para saltarse los controles y que año tras año la partida de donde salían las ayudas era aprobada en la ley de Presupuestos por el Parlamento andaluz.

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