El fiscal apoya el comiso de móviles a dos periodistas

El objetivo de esta diligencia era buscar el origen de la filtración periodística de una noticia publicada en julio pasado. Dicha información versaba sobre un informe del grupo de blanqueo de capitales de la Policía Nacional, que apuntaba a un presunto fraude fiscal del empresario mallorquín Bartolomé Cursach de 51 millones de euros y 14,7 más a la Seguridad Social entre los ejercicios 2010 y 2016.

Para el fiscal jefe de Baleares, la diligencia ordenada por el juez Florit no es una «medida desproporcionada» ni un «precedente peligroso», tal y como han considerado más de 200 periodistas en un escrito remitido ayer a la Fiscalía General del Estado. «No se trata de revelar ni de buscar ninguna fuente, sino de hacer unas comprobaciones de datos que están siendo investigados por otro lado. No es que se quiera infringir el secreto profesional de un periodista que está reconocido en la Constitución», dijo Barceló en una entrevista a la Ser.

De forma previa, la fiscal general María José Segarra defendió el derecho a la libertad de expresión y el secreto profesional de los periodistas, aunque sin entrar en el caso concreto de Palma de Mallorca.

La Asociación de Medios de Información (AMI) ha mostrado su «más absoluto rechazo» a los registros porque representan un «grave ataque al derecho de información» y a la «independencia de los medios frente a todo tipo de presiones».