Esquerra y PDeCAT amenazan la continuidad de Sánchez con enmiendas a los Presupuestos

Los portavoces en el Congreso de Esquerra, Joan Tarda, PDeCAT, Carles Campuzano, y del PNV, Aitor Esteban, a su llegada este lunes al Congreso para asistir a la reunión, convocada por Podemos, para buscar vías de solución con Cataluña. / Foto: EFE / Vídeo: Atlas

El Gobierno aún confía en que los independentistas den marcha atrás antes de la votación del 13 de febrero en el Congreso

CRISTIAN REINO BarcelonaPAULA DE LAS HERAS Madrid

Ni Esquerra ni el PDeCAT están dispuestos a poner las cosas fáciles a Pedro Sánchez. Los diecisiete escaños de las fuerzas independentistas, en las que el líder del PSOE se apoyó para sacar adelante su moción de censura contra Mariano Rajoy el pasado junio, son imprescindibles para que el jefe del Ejecutivo pueda sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2019 y agotar la legislatura. Tras varias semanas amenazando con ello, ambos partidos anunciaron este lunes su intención de presentar sendas enmiendas de totalidad contra el proyecto. Sumadas a las del PP y Ciudadanos, pueden acabar tumbando las cuentas el próximo miércoles 13, en su primer trámite parlamentario. Pero los socialistas aún confían en que den marcha atrás.

La situación no es en absoluto sencilla para Sánchez. En el PSOE aseguran que el movimiento de los secesionistas no es ninguna sorpresa y que entra dentro del habitual juego parlamentario para arrancar al Gobierno mayores concesiones. Sin embargo, también admiten que la decisión de Esquerra viene determinado por la pugna por la hegemonía entre las fuerzas independentistas y por la necesidad de lanzar un mensaje que contrarreste las acusaciones de traición a la causa vertidas desde los sectores más duros. Y eso es lo que hace más difícil que, en el último minuto, justo antes de la votación, retiren su enmienda de devolución.

El Ejecutivo siempre ha pensado que, dado su perfil más progresista, Esquerra tendría más complicado justificar una enmienda a la totalidad contra un texto que, dicen, busca revertir los recortes del PP. Así que confiaba en que, al menos permitiera su tramitación y no exigiera su retirada. En cuanto al PDeCAT, contemplaba una abstención, suficente para salvar los muebles. Ahora, en cambio, todo apunta en otra en otra dirección.

Los dos partidos exigen la negociación bilateral de un referéndum y un cambio de posición de la Fiscalía

La coincidencia el día 12 del debate de totalidad -en el que el Congreso decide si permite la tramitación y negociación de los Presupuestos o los rechaza- con el inicio del juicio contra los impulsores del proceso secesionista de 2017 tampoco juega, además, a favor de Sánchez. El soberanismo más radical, que se ha plantado en la plaza Sant Jaume para presionar a Torra para que no dé marcha atrás, no entendería un gesto de distensión hacia «el Estado» el día que se escenificará en el Tribunal Supremo el choque institucional entre Cataluña y el resto de España.

El Gobierno y el PSOE advirtieron este lunes al unísono de que sólo negociarán asuntos que tengan que ver con las propias cuentas y trataron de poner en valor el contenido social de su proyecto, que aumenta en un 66% la inversión en infraestructuras en Cataluña, contempla la subida del 22% del SMI, la recuperación del subsidio para los parados de más de 52 años o incrementos superiores al 40% en dependencia y vivienda.

«Supeditar el voto a otras cuestiones que no dependen del poder ejecutivo sino de otros como puede ser el judicial está fuera de todo sentido común», dijo desde Valencia la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet. «Que piensen que no pueden tener al pueblo de Cataluña esperando a mejorar sus vidas por una cuestión judicial en la que el Gobierno no puede hacer absolutamente nada», insistió el portavoz del comité electoral socialista, Felipe Sicilia.

Referéndum y presos

El discurso de los independentisas, no obstante, es otro. El portavoz de Esquerra en el Congreso, Joan Tardà, pidió este lunes a Sánchez que inste a la Fiscalía a que haga movimientos en la causa del proceso. Fuentes republicanas apuntan que el cambio de posición de la Fiscalía debería producirse en las conclusiones finales del juicio. Tardà reclamó además al presidente del Gobierno que acepte la creación de una mesa de diálogo bilateral entre partidos secesionistas y formaciones de ámbito nacional con la presencia de una figura mediadora para poder hablar y negociar un referéndum sobre la autodeterminación. El PDeCAT también coincide en este punto.

El asunto ha sido objeto de discusión en las dos últimas reuniones de la vicepresidenta Carmen Calvo con el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, y la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, pero las conversaciones han llegado a «un punto ciego», en palabras de la portavoz Isabel Celaá. El Ejecutivo sostiene que antes de nada los independentistas deben ponerse de acuerdo en Cataluña con los no independentistas y por eso circunscribe la mesa de diálogo solo al ámbito de los partidos catalanes. Pero la Generalitat ERC y el PDeCAT exigen la participación de las direcciones del PSOE y de Podemos.

Los socialistas reprochan que se supedite el bienestar social a algo fuera de su alcance

El independentismo, en todo caso, no pudo disimular que hay tensión en sus filas. Junts per Catalunya, la coalición liderada por Carles Puigdemont y con la que el PDeCAT se presentó a los últimos comicios al Parlament, se adelantó al partido y, a través de su portavoz, Eduard Pujol, avisó a Sánchez de que si en cinco días no mueve ficha registrará su enmienda. «En nombre del PDeCAT -replicó la formación con representación en el Congreso- hablará el PDeCAT, cuando toque y de la manera que se considere». Aun así, posteriormente confirmó su intención.

Si las cosas no cambian de aquí a una semana, a Sánchez no le quedará más remedio que convocar elecciones. Lo dijo la semana pasada la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y lo dio a entender este lunes el portavoz del PSOE: «Los Presupuestos son una herramienta fundamental para cualquier Gobierno». Lo que está por ver es la fecha de esa convocatoria.

El jefe del Ejecutivo aún estaría tiempo, tiene de plazo hasta el 2 de abril, para hacer coincidir las generales con las europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo, una opción que no gusta a los barones de su partido. La alternativa sería aguantar y fijarlas en octubre.

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