El Ejecutivo estudia que las comunidades se repartan a los menores inmigrantes

La propuesta será debatida hoy en la Conferencia Sectorial de Inmigración, que no se reúne desde 2015

M. E. ALONSO MADRID.

El viento no ha conseguido frenar este fin de semana la llegada de pateras abarrotadas a las costas andaluzas. Ayer fueron cinco embarcaciones con 189 inmigrantes a bordo. El sábado lo hicieron otros ocho cayucos con 347 personas. De los más de 500 inmigrantes que han arribado por mar en las últimas 48 horas, 19 no tenían 18 años.

Estos menores extranjeros que desembarcan de forma irregular en España se han convertido en una de las prioridades de la política migratoria que aún está perfilando el Gobierno de Pedro Sánchez. La mayoría de estos niños y adolescentes lo hacen separados de sus padres y sin el cuidado de ningún otro adulto. Son los conocidos como MENA y se han convertido en el eslabón más vulnerable de la cadena migratoria. En su mayoría proceden de los países del Magreb y, fundamentalmente, de Marruecos y Argelia.

Según datos del Ministerio del Interior, en lo que va de año son más de 7.000 los menores que han viajado solos a España y que están tutelados por las administraciones, lo que supone un 12% más que hace casi tres meses, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy los cifró en 6.248. Una cuantía que duplica además a la de hace dos años, cuando el número de estos menores no llegaba a los 4.000.

Las comunidades más afectadas son Andalucía y País Vasco, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En los primeros ochos meses de 2018, han llegado a las costas andaluzas más de 3.000 menores sin acompañamiento, el grueso de ellos por Cádiz.

Desde el Ejecutivo de Susana Díaz se insiste en la necesidad de que el Gobierno central establezca «un sistema de responsabilidad compartida» entre regiones. Una propuesta que la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, espera abordar hoy con los representantes de las comunidades en la Conferencia Sectorial de Inmigración y Emigración, que no se reúne desde 2015.

Sobre la mesa estará también la decisión del Ejecutivo de crear un mando único operativo, al frente del cual se situará un general de la Guardia Civil, para coordinar las actuaciones frente a la inmigración irregular en el estrecho de Gibraltar.

 

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