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A. A.
Viernes, 3 de noviembre 2017, 00:53
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Madrid. La elección de Bruselas como destino por parte de Carles Puigdemont amenaza las relaciones entre España y Bélgica, ya enrarecidas desde que el primer ministro belga, Charles Michel, condenó sin paliativos las cargas policiales del 1-0. La frialdad entre Rajoy y su homólogo durante la cumbre europea del 19 de octubre fue evidente, si bien a partir de entonces Michel midió sus palabras y las aguas volvieron a su cauce.
Pero la cuerda se tensó de nuevo el domingo. Un día antes de que Puigdemont se trasladara a Bruselas, el secretario de Estado belga de Migración y Asilo, Theo Francken, afirmó que «los catalanes que se sienten políticamente amenazados pueden solicitar asilo en Bélgica». La diplomacia española puso el grito en el cielo y Michel desautorizó a Francken, un independentista flamenco. No se trata ya de evitar una crisis diplomática, sino también de que, reconoció ayer el primer ministro en una entrevista a 'Le Soir', el problema catalán «es peligroso para la política nacional». Precisamente el primer ministro flamenco, el independentista Geert Bourgeois, valoró que «encarcelar a líderes gubernamentales elegidos democráticamente es ir demasiado lejos». Queda claro así que la presencia del expresident en su territorio pone en un aprieto al ejecutivo belga, que debe bregar con un país con fuertes tensiones secesionistas.
Pese a lo delicado de la situación, las declaraciones desde uno y otro lado, como las que pronunció ayer Alfonso Dastis desde París, apuntan a la normalidad. Según el ministro de Exteriores, «las relaciones están en el mismo nivel que siempre, con la misma cordialidad de siempre». Todo de lo más diplomático, pero si Puigdemont pide asilo y se acepta estudiarlo, o se demora su extradición, las declaraciones irán a mayores.
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