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M. E. ALONSO
Miércoles, 25 de abril 2018, 00:30
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MADRID. La parálisis legislativa puede tener los días contados. La Mesa del Congreso aprobó ayer, a petición de Ciudadanos, solicitar un informe a los letrados de la Cámara baja sobre la posibilidad de levantar todos los vetos que el Gobierno ha impuesto esta legislatura a las proposiciones de ley de la oposición y las comunidades autónomas.
En estos casi dos años, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha planteado 64 escritos de disconformidad, de los cuales tres fueron retirados, uno fue presentado fuera de plazo y otros dos fueron levantados por el órgano de dirección del Parlamento. PSOE y Unidos Podemos reclaman ahora que se revisen los 58 vetos que siguen vivos apoyándose en la sentencia del Tribunal Constitucional que delimita esa prerrogativa gubernamental a las propuestas legislativas que modifiquen las cuentas públicas de forma «real y efectiva» y en el ejercicio actual, no en el futuro.
Pero en la formación de Albert Rivera existen dudas de que la Mesa del Congreso tenga competencia para reconsiderar sus propias decisiones con carácter retroactivo. En el PSOE y Unidos Podemos defienden, sin embargo, que el fallo del tribunal de garantías les permite recuperar de inmediato el debate de las propuestas archivadas como si los vetos nunca hubieran existido. Fuentes parlamentarias advierten de que no todos estos vetos son iguales y que su justificación es diferente. Recuerdan además que la oposición, que ahora exige su reconsideración en bloque, solo reclamó entonces contra 18 de los 58 escritos de disconformidad que fueron aceptados por la Cámara.
El PSOE ya ha anunciado que de no reconsiderarse los vetos volverán a presentar de nuevo las iniciativas. «No vamos a dejar que por la cerrazón del Gobierno y por el apoyo de Ciudadanos esas proposiciones de ley no tengan una tramitación», alertó ayer su portavoz en el Congreso, Margarita Robles.
Pese a la actividad frenética en el palacio de la Carrera de San Jerónimo, las Cortes despidieron 2017 con tan sólo trece leyes aprobadas. La capacidad de veto del Ejecutivo, ejercitada en la Mesa, donde el PP y Ciudadanos suman mayoría, ha impedido que lleguen a debatirse en el hemiciclo cuestiones con mayoría política suficiente para prosperar como la supresión de las tasas judiciales, la equiparación de los permisos de paternidad, la exhumación de las fosas del franquismo o la creación de un impuesto a la banca.
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