PP y Ciudadanos afirman que los primeros pasos de Sánchez prueban el pacto con los separatistas

Participantes en la cadena humana que reclamó ayer el ejercicio del derecho a decidir en el País Vasco. :: jordi alemany/
Participantes en la cadena humana que reclamó ayer el ejercicio del derecho a decidir en el País Vasco. :: jordi alemany

Aseguran que la reforma constitucional y el acercamiento de los exconsejeros presos son pagos de letras en la hipoteca contraída

RAMÓN GORRIARÁN MADRID.

El PP avisó que no iba a dar tregua al Gobierno de Pedro Sánchez desde el primer día y ha cumplido su palabra. Las palabras de la ministra de Política Territorial sobre la necesidad de una reforma constitucional y su posición favorable al acercamiento de los exconsejeros catalanes presos desataron una oleada de críticas de los populares, y también de Ciudadanos, que acusaron a los socialistas de intentar «contentar» a los independentistas. El Gobierno de Sánchez pretende enderezar la crisis institucional y distender el ambiente con la Generalitat de Cataluña y las formaciones secesionistas con planteamientos cargados de intenciones, pero vacíos de contenido porque la materialización de los mismos está fuera de su alcance.

La reforma constitucional «urgente, viable y deseable» de la que habló Meritxell Batet requiere la imprescindible colaboración del PP, y los populares no tienen entre sus planes, ni cercanos ni remotos, la modificación de la Carta Magna. Del mismo modo, el acercamiento de los líderes separatistas encarcelados tampoco está ahora en manos del Ejecutivo. La decisión depende del instructor de la causa, el juez del Supremo Pablo Llarena.

PP y Ciudadanos, sin embargo, vieron en esos comentarios la oportunidad de marcar terreno en la oposición. La vicesecretaria de Estudios de los populares, Andrea Levy, afeó ayer al Ejecutivo que sus primeros pasos vayan encaminados «a contentar y premiar» a los independentistas. Tanto el PDeCAT como Esquerra han rechazado en numerosas ocasiones que la reforma constitucional sea el camino para satisfacer sus planteamientos secesionistas, pero el presidente de la Generalitat, Quim Torra, dio la «bienvenida» a la oferta de Batet. Un agradecimiento que, a ojos del PP y Ciudadanos, es la prueba del nueve de que el PSOE estableció pactos secretos para que prosperara la moción de censura.

Albert Rivera apuntó en un comentario de Twitter que la reforma de la Constitución no puede tener como objetivo «inventarse una nación de naciones», que es, a su entender, el planteamiento que subyace en las palabras de la ministra de Política Territorial. El líder de Ciudadanos también se mostró en desacuerdo con la idea de Batet para recuperar algunas partes del Estatut que el Constitucional invalidó. Eso es, según Rivera, ofrecer «otro Estatuto inconstitucional al separatismo». Es «un error».

Populares y liberales también reprocharon a Batet su afirmación en una entrevista con 'El Periódico' de que sería deseable un acercamiento de los dirigentes secesionistas presos a Cataluña porque, apuntó Levy, «no es bueno hacer concesiones políticas» a los independentistas. Desde Ciudadanos indicaron que el acercamiento de los encarcelados sería «empezar a pagar las letras de la hipoteca» adquirida con Esquerra y el PDeCAT.

Gestos

Sánchez cree que la estrategia hacia el independentismo catalán de su antecesor, inmovilismo y jueces, conduce a un callejón sin salida. Por esa razón, la ministra portavoz, Isabel Celaá, defendió en su primera comparecencia el viernes pasado la conveniencia de «los gestos» para rebajar la tensión de los últimos años. Como tal vendió el levantamiento del control de la banca privada a los pagos de la Generalitat aunque en realidad era una medida derivada del levantamiento de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. A esa iniciativa seguirán otras en los próximos días. La primera puede ser la entrevista en la Moncloa entre Sánchez y Quim Torra, que no se descarta que se celebre esta misma semana. Una cita que el presidente de la Generalitat reclamó sin éxito a Mariano Rajoy y que ha reiterado a Sánchez.

Torra, de todos modos, avisó ayer que el diálogo, con ser bueno, puede ser insuficiente porque de lo que se trata es de abrir «una negociación de gobierno a gobierno» y asumir «riesgos» por ambas partes. Insistió en que su postura inicial será hacer valer el resultado del referéndum del 1 de octubre y la declaración de independencia del 27 de octubre del año pasado. A partir de ahí, señaló en el diario 'Ara', «comenzaremos a hablar».

Un planteamiento en las antípodas de los escenarios que maneja la Mocloa. La ministra portavoz avisó de que Sánchez se reunirá con el presidente catalán «con la Constitución en una mano y el diálogo en la otra». En ese marco, añadió Celaá, el derecho a decidir u otras propuestas separatistas «no tienen cabida».

La estrategia de Sánchez hacia Cataluña es posibilista, alejada de los grandes planteamientos para buscar puntos de contacto en la lista de 45 demandas que Carles Puigdemont presentó a Rajoy o recuperar las partes del Estatut que el Constitucional no vio fuera de la ley, pero las excluyó de la norma de autogobierno porque requerían otro marco jurídico.

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