PNV y EH Bildu reclaman que la reforma de la Carta Magna recoja la autodeterminación

IVÁN ORIO

vitoria. PNV y EH Bildu reforzaron ayer su estrategia soberanista, iniciada en la ponencia de autogobierno con el acuerdo de las bases para la reforma del Estatuto, y consensuaron en el Parlamento vasco una declaración en la que cargan contra la Constitución y defienden el derecho a decidir en vísperas de la celebración del cuarenta aniversario de la promulgación de aquella ley.

Las negociaciones entre ambos grupos fructificaron poco antes del pleno en la Cámara de Vitoria con el alumbramiento de un texto que refunde la proposición no de ley planteada de inicio por la coalición abertzale y la enmienda a la totalidad redactada por los nacionalistas. La síntesis se sustenta en una iniciativa de seis puntos muy crítica con la Carta Magna al cuestionar su «legitimidad» en Euskadi porque la mayoría de la ciudadanía vasca «no la respaldó» y en la que se subraya que «la unidad de la nación española desde la imposición y la pertenencia desde la obligación suponía y supone construir el Estado desde una base antidemocrática e históricamente falsa». Recalca, además, que cualquier reforma constitucional debe incorporar «el principio de libre determinación».

Debate intenso

El debate político y también histórico fue intenso y las réplicas entre los parlamentarios de los diferentes partidos muy directas, pero sin entrar en el terreno del trazo grueso y la crispación a pesar de las profundas discrepancias. Pero desde el comienzo quedó clara la sintonía de PNV y Bildu frente al PSE y el PP y la posición más intermedia de Elkarrekin Podemos, que pidió un nuevo proceso constituyente pero desde el respeto a los derechos que se consiguieron en 1978 después de cuatro décadas de dictadura. Hubo varias batallas dialécticas en el hemiciclo: la de los números, para determinar el respaldo a la Carta Magna desde el País Vasco; la de la valía del texto legal para afrontar los nuevos retos sociales; y la de la necesidad o no de articular fórmulas para abrir una discusión pública sobre cómo cohesionar la variedad territorial en el Estado.

La declaración parlamentaria aprobada sostiene que el «déficit de legitimidad» de la Carta Magna por no haber obtenido el 'sí' de la mayoría de la ciudadanía vasca «perdura hasta hoy» y que la unidad de España «no fue ni es consecuencia de la libre adhesión y voluntad de los pueblos», sino que se articula desde la «imposición».

 

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