Mas atribuye su juicio por el 9-N a una «venganza» de Sáenz de Santamaría

El expresidente catalán defiende que no cometió ninguna ilegalidad y que no frenó la consulta para evitar «males mayores»

M. E. A.

MADRID. Artur Mas cree que el procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas por el uso de dinero público en la organización del 9-N es «una venganza personal» contra él. Concretamente, de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Saénz de Santamaría, que, según recordó el líder nacionalista, pronosticó que los responsables de consultas ilegales las pagarían de su propio bolsillo. «Nos quieren inhabilitados y arruinados», se lamentó.

Arropado por otros líderes secesionistas, el expresidente de la Generalitat compareció ayer en Madrid ante el órgano fiscalizador, donde se reafirmó en que «no hubo ni un solo euro de malversación de fondos públicos» en la consulta del 9 de noviembre de 2014. También insistió en que no era consciente de estar cometiendo ninguna ilegalidad, porque «ni un solo juez o fiscal actuó para pararla», y añadió que si no desconvocó, fue para «evitar males mayores» ante la magnitud que había adquirido la cita.

En su declaración, Mas restó importancia a la compra de 7.000 ordenadores para instalar en cada colegio y realizar el recuento de las papeletas, partida que supuso 2,8 millones de euros. El Supremo dejó claro en una sentencia de abril de 2017 que su adquisición fue uno de los signos que demuestra que el Gobierno catalán impulsó y dirigió la votación del 9-N. El exmandatario autonómico afirmó que los ordenadores eran para la Consejería de Educación y que, una vez comprados, se podían usar puntualmente para cualquier otra cosa. «El objeto de la compra -se defendió- no era para la consulta, sino para mejorar el sistema educativo catalán». Mas se mostró ayer, además, confiado en ser exonerado de esta vía civil, aunque advirtió de que, en caso de no serlo, «llegarán hasta el final con los recursos jurídicos».

El que fuera líder de la antigua Convergència se juega perder la fianza solidaria de 5,25 millones de euros que tuvo que abonar junto a los exconsejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega y cinco antiguos altos cargos de la Generalitat. La cifra responde a los gastos que supuso la organización del plebiscito soberanista, que se sitúa en unos 4,9 millones de euros, a lo que se añaden los intereses generados desde la fecha de la consulta hasta el momento de fijación de la fianza. El Tribunal de Cuentas ordenó entonces el embargo de diversos bienes inmuebles a los acusados. En el caso de Mas, el órgano fiscalizador le embargó su vivienda familiar en Barcelona.

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