Los altos cargos de la Generalitat niegan la malversación en el referéndum del 1-O

El director del gabinete jurídico de la Generalitat de Catalunya, Francesc Esteve./Efe
El director del gabinete jurídico de la Generalitat de Catalunya, Francesc Esteve. / Efe

La directora de Contratación Pública asegura tajante que no ha encontrado «absolutamente nada« con la consulta tras revisar todos los registros

MELCHOR SÁIZ-PARDO y MATEO BALÍNMadrid

¿De dónde salió el dinero para pagar las urnas, las papeletas, los sobres, los envíos y la propaganda del 1-O?¿Quién pagó el material electoral que aquel domingo de octubre de 2017 apareció por sorpresa en los más de 2.000 colegios de Cataluña? Las preguntas claves para probar el delito de malversación del que se acusa a los líderes independentistas siguen sin respuesta tras tres meses de juicio. Y este lunes, se perdió una de las últimas oportunidades para aclarar este misterio. Y es que los altos cargos de la Generalitat que podían arrojar algo de luz fueron tajantes: en los registros de gastos públicos no se ha encontrado «absolutamente nada» relacionado con la consulta declarada ilegal.

«Del análisis del Gabinete jurídico, no hay ninguna disponibilidad presupuestaria sobre la cartelería, sobres o papeletas sobre el 1-O», zanjó Francesc Esteve, director del Gabinete Jurídico de la Generalitat.

Esteve no fue el único. La directora de Contratación Pública de la Generalitat, Mercé Corretja, también fue tajante, al asegurar que no salió ni un euro de las arcas públicas para el referéndum. «La ley de transparencia catalana es mucho más exigente que la española«, afirmó la testigo, quien, en esencia, puso la mano en el fuego de que no hubo malversación ni ningún engaño para encubrir en otras partidas los gastos del referéndum, como sospecha la Fiscalía.

«Cambiar el concepto»

«Hay muchos controles«, insistió, que harían imposible que se hubiera cambiado el »concepto« de las facturas para ocultar los gastos del 1-O. »Hay muchas comprobaciones y difícilmente podría modificarse el objeto«, reitero, a tiempo que rechazó de plano la posibilidad, a la que también apuntan las acusaciones, que el Govern hubiera usado a Ómnium Cultural como testaferro para hacer los encargos. »Me parecería increíble, inimaginable«, subrayó la testigo.

Corretja rechazó por completo que la Generalitat pudiera haber hecho alguna contratación tras la aprobación de la ley de la consulta el 6 de septiembre de 2017. La alta funcionaria reconoció que le «inquietó» la aprobación de aquella normativa, «pero me tranquilizó que entre el 6 de septiembre y el 1 de octubre era materialmente imposible realizar cualquier contrato en este espacio de tiempo, además del hecho de que el Govern no tienen los recursos técnicos y económicos para realizarlo», apostilló.