La alianza con Podemos amenaza el liderazgo de Garzón en Izquierda Unida

Garzón logró frenar la sangría al firmar 'el pacto de los botellines' con Pablo Iglesias, que se tradujo en una decena de escaños para IU en las generales de junio de 2016. No obstante, esa alianza abrió profundas heridas internas en el partido. Los ex coordinadores federales Gaspar Llamazares y Cayo Lara son las caras visibles del grupo de dirigentes históricos que consideran que IU se ha arrodillado ante los neofitos podemistas, que, mantienen los críticos, acabarán por fagocitar a la coalición nacida en 1986 para oponerse a la integración de España en la OTAN y que, después, se erigió en la oposición por la izquierda al PSOE.

Llamazares acusó este sábado a Garzón de «provocar el suicidio de Izquierda Unida, incluso su hibernación como círculo rojo en Podemos». La integración de ambas fuerzas, añadió, será un «grave error político porque manda a la abstención a una buena parte de la izquierda».

Los temores a ser absorbidos por Podemos resurgieron con fuerza la pasada semana después de trascender el propósito de Garzón de centralizar el partido, un plan que presentará a la Asamblea Político y Social del próximo 12 de mayo y que debería culminar con la aprobación de unos nuevos estatutos en julio. Muchos han visto en este intento de dotar de mayor poder a la dirección nacional un primer paso hacia la fusión con el partido morado.

El coordinador federal niega las acusaciones y ha enviado una carta a la militancia en la que asegura que «en ningún caso este proyecto culminará con la absorción de Izquierda Unida en otras formaciones políticas». Se busca precisamente lo contrario, afirma en la misiva, en la que se destaca que el objetivo es fortalecer el espacio político de IU y a su militancia. La meta es, según Garzón, convertirse en «un movimiento político y social, anticapitalista, republicano y federal».

Un paso que se traduce en desprenderse de la «institucionalización» que ha adquirido la coalición a lo largo de los últimos 30 años. Y para lograrlo, hace falta «deshacer los elementos que hacen de Izquierda Unida un partido político y afianzar los elementos que construyan un movimiento». La paradoja está en que, según este plan, es necesario centralizarse para después descentralizarse de nuevo en una masa social.

En paralelo, el líder de IU quiere utilizar sus nuevas atribuciones para imponer medidas que garanticen viabilidad económica del partido. Entre éstas, figuran fijar un sueldo máximo de sus cargos institucionales en tres salarios mínimos (una regla que aplica Podemos desde sus orígenes), que la dirección nacional asuma el pleno control financiero de todas las federaciones o que se estipule una cuota homogénea a toda la militancia.

Las intenciones del coordinador general chocan con la oposición de varias federaciones territoriales celosas de su autonomía. Desde Asturias, una de las organizaciones más fuertes dentro de Izquierda Unida, se respondió a Garzón que su futuro político dependerá «única y exclusivamente» de sus afiliados y afiliadas, y no de lo que se dicte desde Madrid. En la Comunidad Valenciana, por su parte, rechazaron cualquier intento de «disolver el partido» en Podemos.

Al margen de las direcciones en cada territorio, se ha difundido entre la militancia un manifiesto en el que se reclama a la dirección federal respeto a la democracia interna y las competencias que tiene cada organización autonómica de IU.