La Abogacía reduce a la mitad la pena a Junqueras por «dirigir» la sedición

Junqueras, a su llegada a la Audiencia Nacional el 2 de noviembre del año pasado. :: JAVIER BARBANCHO /reuters/
Junqueras, a su llegada a la Audiencia Nacional el 2 de noviembre del año pasado. :: JAVIER BARBANCHO /reuters

Los servicios jurídicos del Estado descartan la violencia de la rebelión y afirman que el 20-S y el 1-O hubo «movilización social y ambiente hostil»

MATEO BALÍN MADRID.

La Abogacía del Estado justificó ayer en su escrito de acusación las peticiones de pena a los líderes independentistas por los delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia grave. Conocida de antemano -este jueves por la noche- la rebaja de rebelión a sedición en su calificación, los servicios jurídicos dependientes del Ministerio de Justicia reclamaron castigos menores que la Fiscalía a la mitad de los 18 procesados en la causa del 'procés'.

Para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras pidió 12 años de prisión por «inducir, sostener y dirigir» la sedición y disponer de forma ilegítima de fondos públicos (malversación). A los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, 11 años y seis meses de prisión por los mismos delitos. En un peldaño inferior se quedaron la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, a quien le piden 10 años por los delitos de sedición y malversación, y los responsables de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, ocho años de cárcel por estos delitos.

A partir de aquí, a los nueve restantes procesados que no están en prisión preventiva la Abogacía reclamó el mismo castigo que la Fiscalía: siete años de prisión y 30.000 euros de multa a Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borrás por malversación y desobediencia grave. Al resto de exmiembros de la Mesa del Parlament y a la dirigente de la CUP Mireia Boya, les impone una multa de 30.000 euros por desobediencia.

En el caso de los principales acusados ¿por qué la Abogacía ha apreciado sedición y no rebelión? La abogada general, Consuelo Castro, hace un relato de los hechos acaecidos en el 'procés' desde 2013 hasta 2017, con especial detalle de los meses de septiembre y octubre del pasado año, cuando se ejecuta la hoja de ruta secesionista. En ningún momento menciona en su escrito de 57 páginas el término violencia (justificaría la rebelión) para definir el reiterado incumplimiento de las resoluciones judiciales y el afán por llegar a la república catalana.

Diferentes lenguaje

Mientras que la Fiscalía no renuncia al lenguaje bélico, «actos de hostigamiento, barricadas, asedio o masa», la Abogacía del Estado dice que hubo «movilización social, ambiente crispado y hostil» o define a los ciudadanos como «agente político» en los «incidentes» del 20 y 21 de septiembre frente a la consejería de Economía en Barcelona o en el 1 de octubre durante el referéndum.

Al ofrecer una versión más amable en su relato, la Abogacía rebaja el papel de los 'jordis'. Asegura que llevaron a cabo la movilización popular «como instrumento de presión para negociar con el Estado», pero en ningún caso estiman la consumación de la violencia que sí ve la Fiscalía en su escrito. Añade que su tarea a través de la ANC y Òmnium era mantener en la calle el incumplimiento de la legalidad y la desobediencia a las resoluciones administrativas y judiciales que exige el delito de sedición.

Sobre la votación del 1-O, los servicios jurídicos del Estado cifran el dinero presuntamente malversado en 1,9 millones de euros -la mitad de la cuantía correspondió al suministro de papeletas, al censo electoral y a las citaciones para las mesas electorales- mientras que el Ministerio Público lo eleva a tres millones.

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