La Audiencia Nacional reabre la causa a 76 presos etarras beneficiados por estudios

La Sala de lo Penal ve indicios de colaboración terrorista y ordena a la juez indagar si fueron ayudados por terceros a falsear documentos

MATEO BALÍN

madrid. Históricos etarras como Francisco Múgica Garmendia, 'Pakito', Iñaki de Juana Chaos, Domingo Troitiño o Inés del Río, además del ahora dirigente de Sortu Joxean Agirre, son algunos de los 76 investigados en la Audiencia Nacional sospechosos de haber usado documentos falsos para conseguir días de redención de la pena gracias a la realización de estudios.

La causa que instruye la juez Carmen Lamela, a partir de la denuncia interpuesta por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), fue archivada el pasado 29 de diciembre al entender que el tribunal central no era competente para investigar porque no existía un delito de terrorismo, tal y como reclamaba la acusación popular.

En su auto, la magistrada alegó que podría haberse producido la comisión de uno o varios delitos de falsedad por parte de «personas ya condenadas», en referencia a los 76 presos etarras, y «en beneficio exclusivo» de ellos, por lo que la colaboración imputada a tercera personas sería en relación a un delito de falsedad y no de terrorismo.

Lamela también destacó que, a pesar de que el colectivo de presos de ETA haya sido considerado «un frente de lucha» de la organización terrorista, las falsedades documentales que se denuncian «no pueden entenderse cometidas con ninguno de los fines o medios» que el Código Penal atribuye a los delitos de terrorismo. Por ello remitió la causa al Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, donde Covite presentó la primera denuncia.

Aunque la demanda hablaba de títulos universitarios otorgados por la Universidad del País Vasco y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Bergara (Vizcaya), Lamela señalaba que no se facilitaba «la identidad» de los trabajadores que los entregaron y «contra los cuales» debería dirigirse el procedimiento.

Libertad «fraudulenta»

El asunto parecía cerrado, sin recorrido, pero la acusación popular recurrió el sobreseimiento provisional. Una apelación a la que luego se sumaría la Fiscalía. Y para sorpresa de muchos la Sala de lo Penal se pronunció ayer, estimó el recurso y ordenó a la juez que reabriera el caso y practicara las diligencias necesarias para conocer si hubo colaboración terrorista por parte de terceras personas.

El tribunal de la sección cuarta, presidido por la magistrada Ángela Murillo, sospecha que los presos etarras recibieron ayuda de terceras personas en el exterior, facilitándoles documentos, «con conocimiento de que de tal manera conseguían de forma fraudulenta la libertad anticipada de las condenas de ETA». Una hipótesis que encajaría en la supuesta colaboración con organización terrorista y cuya competencia sí sería de la Audiencia Nacional.

En su denuncia, Covite aseguró que los documentos «habían sido falseados, por ejemplo, utilizando DNI con números correlativos, duplicando los números de identificación o estableciendo que cursaron los exámenes de acceso hasta diez años después de haber comenzado los estudios».