Los querellantes piden al Supremo reabrir la causa de los 'vuelos de la CIA'

Recurren el archivo de la Audiencia Nacional porque el juez Moreno no investigó lo suficiente y existen indicios contra excargos del Gobierno

MATEO BALÍN

madrid. Los querellantes en la causa de los 'vuelos de la CIA' en España no tiran la toalla y han recurrido en casación al Tribunal Supremo el archivo provisional dictado por la Audiencia Nacional con el voto en contra de uno de los tres magistrados del tribunal. La acusación popular formada por Izquierda Unida, la Asociación Libre de Abogados y la Asociación Pro Derechos Humanos de España consideran en su recurso que la Sección Segunda de la Sala Penal incurrió en infracción de ley y vulneración de la tutela judicial del afectado en su sobreseimiento.

Aseguran en su escrito dirigido a la Sala Penal del Supremo que el juez instructor Ismael Moreno y después la sala no justificaron el archivo de la causa. «Falta el relato de hechos y los razonamientos de por qué no es delito de coautoría o complicidad en detención ilegal, torturas y delitos de contra personas protegidas en caso de conflicto armado», señalan en su recurso.

Sin embargo, añaden, existen indicios de que por el espacio aéreo español y en varios aeropuertos civiles y militares pasaron personas detenidas de forma ilegal transportadas por las autoridades norteamericanas al centro de detención de Guantánamo, en Cuba, y a otros centros de detención clandestinos situados en Europa y el norte de África. Todo ello con la connivencia de funcionarios y autoridades españolas, al menos a nivel indiciario.

Para los querellantes en las presentes actuaciones se han investigado y acreditado bastantes más cosas que una sola escala de un avión en Palma de Mallorca con un detenido que declaró haber sufrido torturas, Khaled El Masri. Asimismo, recuerdan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Macedonia por no investigar los malos tratos sufridos por el detenido.

Diligencias pendientes

La segunda parte del recurso al Supremo se refiere a vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Defienden las acusaciones que el juez debió agotar cuantas posibilidades razonables de indagación tenía para aclarar los hechos, y no lo hizo. «No se han cumplido las comisiones rogatorias a Alemania y Reino Unido solicitadas y se denegaron las nuevas pruebas solicitadas al juez para ampliar la investigación», detallan. Se refiere a las testificales pedidas para que declarasen personal del aeropuerto de Mallora, responsables de AENA, el exministro de Defensa Federico Trillo o la dirección de los hoteles donde se pudo alojar la tripulación que transportó al detenido.

Asimismo, recuerdan que la sala de la Audiencia Nacional afirmó «que se que se reabría el procedimiento si se aportaba más información» y recuerdan que además de El Masri existen documentos que aseguran que al menos otros seis detenidos pudieron ser transportados en vuelos que hicieron escala en España.

El 12 de enero la sala, con el voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, consideró que no existen indicios, no que los hechos no sean delictivos, contra los altos cargos de Exteriores Miguel Aguirre de Cárcer, Javier Jiménez-Ugarte, Miguel Andas y Ramón Gil-Casares, que fueron denunciados como cooperadores de detención ilegal y torturas. En septiembre de 2014, el juez ya había archivado el caso que abrió en 2006 sobre la escala que hizo en Palma en enero de 2004 el avión de la CIA que iba a buscar a El Masri a Macedonia.