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Las Cortes de Castilla-La Mancha reducirán de 49 a 33 su número de diputados

El PP defiende una medida "ejemplar" mientras que el PSOE acusa a Cospedal de "pucherazo electoral" para gobernar "aún perdiendo en número de votos"

J. V. Muñoz-lacuna

Miércoles, 11 de junio 2014, 14:54

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El Parlamento castellano-manchego reducirá de 49 a 33 el número de sus diputados autonómicos. Así consta en la proposición de ley que el PP ha presentado para reformar la Ley Electoral de Castilla-La Mancha, asunto que saldrá adelante en la última semana de julio y que cambiará las reglas de juego de cara a las elecciones autonómicas de 2015. Lo que aún queda por fijar es el número de diputados que se elegirá en cada una de las cinco provincias de esta comunidad.

Austeridad o pucherazo

Para el PP, esta proposición es "ejemplar". Así lo dijo este miércoles la portavoz del PP castellano-manchego, Carmen Riolobos, para quien "el 90 por ciento de los ciudadanos de esta región avala reducir el número de diputados autonómicos". Según Riolobos, adelgazar la cifra de la parlamentarios regionales también persigue un ahorro "en un momento de austeridad". En este sentido, subrayó que desde que el PP gobierna en Castilla-La Mancha las Cortes regionales han reducido su presupuesto de 13,7 a 8,7 millones de euros.

Argumentos que no comparte el PSOE castellano-manchego. Su secretario de Organización, Jesús Fernández Vaquero, aseguró este miércoles que "Cospedal presenta a traición un pucherazo electoral para intentar gobernar aún perdiendo en número de votos". "Es un atropello democrático y una provocación a los ciudadanos", añadió el líder socialista, que expresó su sospecha de que sólo una de las cinco provincias de Castilla-La Mancha vaya a elegir un número impar de diputados en las próximas elecciones autonómicas. Por ello, los socialistas anunciaron que recurrirán la nueva Ley Electoral de esta comunidad ante el Tribunal Constitucional.

Por su parte, Daniel Martínez, coordinador regional de la tercera fuerza política en esta comunidad, IU, calificó esta inminente reforma legal de "la más antidemocrática e injusta de España".

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