Las víctimas de accidentes de tráfico se sienten perjudicadas por los informes forenses

En términos globales, se estima que cada año en torno a 1,3 millones de personas pierden la vida y se generan daños colaterales a más de 50 millones. En España, la Memoria de Hallazgos Toxicológicos en Víctimas de Accidente de Tráfico puso de manifiesto que en 2021 se encontraron trazas de alcohol en un 49,9% de los fallecidos en carretera, es decir: 420 vidas perdidas por la bebida.

La Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (Anava-RC) ha puesto el foco en la reforma del baremo indemnizatorio, que «ha sufrido una importante pérdida de derechos desde que entrara en vigor la reforma del Código Penal del 2015».

Según la organización, «a las víctimas se les cercena su total indemnidad, empezando por las sumas del baremo económico que resultan muy bajas, por ejemplo, las indemnizaciones por días de perjuicio personal, que económicamente están por debajo de lo que se indemnizaba en el año 1994».

«Tuvimos que dejar claro que las indemnizaciones nos son incrementos de patrimonio sino una restitución de un perjuicio previo, consiguiendo que la ministra del ramo y la portavoz del Gobierno desmintieran que fuera la intención del ejecutivo hacer que las indemnizaciones tributaran. Sin embargo, la Ley donde las introducía sigue con su trámite por lo que seguimos muy atentos para comprobar que cumplen con su palabra», aseguró Manuel Castellanos, presidente de Anava-RC.

«Con casi un año de retraso se ha procedido a la actualización de las bases técnicas del baremo de tráfico, pero lamentablemente no se va a conseguir que los grandes lesionados recuperen sus derechos. Estudiando el texto de la actualización recién publicada estamos viendo que algunas actualizaciones incluso pueden perjudicar económicamente a algunos lesionados», afirmó Castellanos.

Otra de las reivindicaciones que se han realizado es la actualización económica de las indemnizaciones correspondientes al año 2022 conforme al incremento real del índice de pensiones, por encima de las previsiones iniciales de Unespa y de la Dirección General de Seguros. «Insistimos en la denuncia de la gradual pérdida de nivel adquisitivo de las indemnizaciones que solo se puede solucionar modificando el artículo 49 del baremo y que las mismas sean actualizadas conforme al IPC real y no por el índice de revalorización de las pensiones como está estipulado actualmente», sentenció.

Se ha logrado que este año se modifique de nuevo el Código Penal subsanando errores pasados permitiendo que las víctimas de accidentes puedan acudir a la Jurisdicción Penal en reclamación de sus daños y perjuicios, evitando los archivos masivos que se estaban produciendo. Anava-RC aplaude la reforma, sin embargo, pone la voz de alarma en la deficiente formación que la Administración de Justicia ha ofrecido a los médicos forenses de los Juzgados Penales que, hoy por hoy, en sus informes de sanidad, perjudican a las víctimas por el desconocimiento del baremo o por la influencia que ha tenido en sus valoraciones el sector asegurador.

Cumplidos seis años de la entrada en vigor del nuevo baremo, se constata que hoy en día ser una víctima de un accidente convierte la reclamación de sus derechos en un camino largo, tortuoso, caro, y lleno de trabas, sin que exista una consciencia en la Administración del Estado y de Justicia que deben de ser especialmente protegidos en vez de complicarles la labor de reclamación de sus derechos. Da la sensación que no solo se han olvidado de las víctimas, si no que han intentado hacer una mordida, por vía de impuestos, a las indemnizaciones a través del IRPF.